Videla: la grotesca muerte de un fantasma

19/05/13

(Infolatam).- El 24 de marzo de 1976 un golpe de estado, uno más en aquel entonces, dio al traste con el gobierno de Isabel Perón y entronizó en el poder a una junta militar. Jorge Videla, en representación del ejército, se puso al frente de la misma, pero no fue el único. Lo acompañaron los comandantes en jefe de la aviación militar y de la marina de guerra. Y tras ellos buena parte de una sociedad enferma, que por convicción algunos, por hastío o por temor los más, decidió seguirlos en una deriva represiva que termino desangrando al país y corroyendo sus reservas morales.

Dos años más tarde, en ocasión de la visita de una comisión interamericana de derechos humanos, las usinas de propaganda de la dictadura acuñaron el perverso eslogan “los argentinos somos derechos y humanos”. La frase, repetida por el propio Videla, se amplificó con la maligna intención de negar la evidencia de los asesinatos, desapariciones y torturas cometidos por las fuerzas de tareas vinculadas a los cuerpos represivos y que se constituyó en una de las características más sangrantes del gobierno de facto.

En la mente enferma de quienes lo dirigían tenía lugar una guerra a muerte contra los personeros internos del comunismo internacional y en defensa de la “civilización occidental y cristiana” y sus santos valores, que permitía el vale todo contra todos aquellos que pensaban distinto. Todos estos valores estaban encarnados en las fuerzas armadas argentinas, convertidas en el último bastión contra la barbarie, en la defensa final contra la subversión y los subversivos, los terroristas, los máximos enemigos a batir. Así fue como en una ocasión Videla llegó a decir: “Un terrorista no es sólo alguien con un revólver o una bomba, sino también aquel que propaga ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”. De ahí que contra la fuerza implacable de las ideas opusieran la brutalidad del poder militar.

En aquel entonces también estaban los que en lugar de querer imponer sus ideas con la palabra intentaban hacerlo con las pistolas. Parafraseando a Mao apuntaban que “el poder nace de la boca del fusil”. No se trata aquí de justificar el accionar delictivo de los militares argentinos y sus cómplices, los mayores responsables de lo ocurrido, ni de reintroducir la teoría de los dos demonios (el terrorismo militar enfrentado al terrorismo guerrillero). En realidad, los militares tenían a su alcance una amplia panoplia de leyes e instituciones para reconducir legalmente la amenaza que vivían. Lo que busco es incluir todas las variables de una coyuntura compleja y atribulada, para poder comprender lo ocurrido y los posteriores intentos de apropiarse del pasado y reescribir la historia. El llamado “setentismo” es el deseo de algunos por reivindicar los valores de los “muchachos” enfrentados a los militares con los “fierros” en las manos, pero no en defensa de las libertades sino en un vano intento de construir el “socialismo nacional”.

En tanto presidente de la junta militar, Videla era la cara visible de la dictadura, una cara fantasmagórica que en numerosas ocasiones se ocultaba detrás de crucifijos y sotanas, en un intento grotesco de ganar el perdón divino y legitimidad frente a potencias extranjeras que, según su punto de vista, debían comulgar con sus ideas. Paradójicamente encontró buena parte de su sustento exterior en la atea Unión Soviética, mientras otros países teóricamente más cristianos le daban la espalda, como se la daban a otras dictaduras militares latinoamericanas del momento, comenzando por la de Pinochet.

La caída de la dictadura, después de aquel otro aquelarre social que fue la guerra de las Malvinas, sirvió para poner a más de uno en su sitio. El gobierno de Raúl Alfonsín no sólo permitió el regreso de la democracia y el fortalecimiento de muchas de sus instituciones, sino también juzgar a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el período 1976 – 1982. Se trató de una iniciativa casi única en aquel entonces, donde las ideas de memoria histórica y justicia transicional sólo estaban en mantillas.

Por eso se equivoca Baltasar Garzón cuando afirma, en ocasión de la muerte de Videla: “Si en Argentina se ha cumplido el derecho a la verdad no ha sido por la colaboración de los victimarios, sino por el esfuerzo de las víctimas y de un país que decidió en 2003, desde las instituciones políticas y judiciales, que tenía que repararlas”. De hecho, y no sé bien porqué espurios motivos, Garzón ha decidido tomar partido por una interpretación parcial de la historia reciente que insiste en que Argentina sólo descubrió los derechos humanos tras la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia.Según esta teoría, con anterioridad a 2003 no se hizo nada, no se avanzó en la lucha por la verdad ni se comenzó a reparar a las víctimas. En realidad, en 1983 las instituciones políticas y judiciales argentinas decidieron iniciar ese camino nada fácil y plagado de dificultades, como se pudo comprobar poco tiempo después, a partir del estallido de algunas asonadas militares.

El 17 de mayo de 2013 murió Videla. Fueron muy pocos quienes en Argentina lo lamentaron públicamente. Algunos lo lloraron en silencio y muchos más dijeron alegrarse por su muerte. La caída del régimen militar que impulsó marcó el inicio de la transición a la democracia, en un momento de rescate de las libertades y derechos perdidos durante la dictadura. Entonces se reivindicaba el derecho de las minorías a pensar distinto, un derecho mancillado por los dictadores de entonces comenzando por Videla. Su dictadura pisoteó la democracia y arrasó las leyes y las instituciones. Es este un buen momento para decir: “Nunca más”.



Una buena nueva en un mar de calamidades

13/05/13

(Infolatam).- La condena a Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y genocidio es una gran noticia en el actual contexto latinoamericano. Y lo es por varias cuestiones, comenzando por los avances logrados en la última década en la defensa de los derechos humanos, pero también por el simbolismo inequívoco de cuán importante es la independencia del poder judicial en la lucha constante por el bienestar social.

En estos tiempos convulsos, cuando en varios países aumenta la subordinación de la justicia y de los jueces al poder presidencial, se agradecen señales de este tipo. A esto se agrega la embestida de algunos gobiernos contra el sistema interamericano de derechos humanos, que tanto ha hecho y sigue haciendo en su campo específico de actuación.

A diferencia de la excelente noticia anterior, esta semana también hubo un cúmulo de malas nuevas, producto del déficit democrático y de la deficiente cultura política imperante, con independencia del color ideológico de los implicados. Entre las cuestiones más deprimentes está el peso de la retórica, especialmente de la retórica vacía, con sus mismos efectos devastadores originados a diestra y siniestra. En este caso no se trata de gobiernos del ALBA, sino de todo lo contrario, como el anuncio de creación del parlamento de la Alianza del Pacífico y la denuncia de un “conato de golpe de estado” en Panamá, del presidente Ricardo Martinelli.

Comenzaba mi Ventana de la semana pasada dando cuenta del excesivo número de parlamentos regionales y subregionales. Dado el estado crítico de la integración regional y la multiplicidad de proyectos existentes, algunos contradictorios entre si, suenan bastante innecesarias iniciativas de este tipo. Con ellas no se va a impulsar la integración, ni la voluntad popular ni la democracia. Hasta ahora los últimos experimentos de crear asambleas legislativas regionales han sido un remedo de fortalecimiento institucional, en procesos que buscan comenzar a construir las viviendas por el tejado.

En la misma línea lamentable hay que considerar las denuncias de Martinelli a raíz de una serie de manifestaciones, algunas de carácter extremadamente violentas, contra la venta de tierras en la Zona Libre. Independientemente del confuso magma de intereses vinculados a las protestas es inadmisible que la reacción popular se defina como un golpe de estado, como una operación que busca cambiar el gobierno al margen de las instituciones. Parecería que la investidura presidencial goza de una legitimidad especial que la sitúa por encima de los otros poderes del estado e inclusive por encima de las leyes y de la constitución.

En los últimos años hemos visto y oído muchas denuncias como la de Martinelli, con el claro fin de deslegitimar la protesta y a la oposición. Esto ocurrió en Ecuador donde Rafael Correa catalogó a una sublevación policial como un golpe de estado. Y también en Venezuela y Bolivia, acompañadas de múltiples denuncias de magnicidio contra Hugo Chávez y Evo Morales. O en Argentina, donde el matrimonio Kirchner acuñó el concepto “destituyente” para calificar las iniciativas de la oposición capaces de amenazar su manejo del gobierno. ¡Hasta en el caso de Paraguay se ha hablado de un golpe de estado parlamentario!

Por lo que se ve, el “relato” y el “modelo” se imponen a las instituciones y las normas. Y va a tener razón Diosdado Cabello cuando presentaba al comandante Chávez como el más racional de todos ellos, el dique capaz de contenerlos. Esta versión de un Chávez moderado parece imponerse dentro de Venezuela, vistos los lamentables sucesos en la Asamblea Nacional, y en el resto de América Latina, dados los recientes ejemplos de incumplimiento de la ley.

En Bolivia, pese a los compromisos adquiridos por Morales de no presentarse a una nueva reelección, el máximo tribunal del país, subordinado al ejecutivo, ha permitido con razonamientos bizantinos su continuidad en el poder. En Argentina, no se trata sólo de forzar vía reformas legislativas de dudosa constitucionalidad la estructura y el funcionamiento del poder judicial, sino de amordazar a la prensa independiente que no se somete al discurso monocorde del gobierno. La amenaza de intervención del grupo Clarín, capaz de modificar toda su línea editorial, así parece atestiguarlo.

Si bien todavía no se han cruzado las líneas rojas que separan las democracias de los regímenes autoritarios, en ciertos casos los márgenes se están estrechando dramáticamente. La radicalización de algunos gobiernos, el deseo a ultranza de hacer avanzar revoluciones inexistentes o el creciente incumplimiento de la ley con el falaz argumento de respetar la voluntad de las mayorías son factores a considerar en el futuro inmediato. Parecía que el tránsito iniciado tras la muerte de Hugo Chávez iba a ser lento, pero a la vista del nerviosismo de algunos es posible que los plazos puedan acelerarse.



Democracia y parlamento en Venezuela

05/05/13

(Especial Infolatam).- América Latina tiene la mayor densidad mundial de parlamentos regionales. Una rápida enumeración incorpora el Parlamento Latinoamericano o Parlatino, el Parlamento Centroamericano o Parlacen, el Parlamento Sudamericano, el Parlamento del Mercosur y el Parlamento Andino. Todo proyecto de integración regional que se precie debe tener su propio parlamento para ser considerado seriamente. Parecería que las sociedades latinoamericanas estiman tanto la vida parlamentaria que no pueden vivir sin asambleas legislativas, no sólo nacionales sino también regionales o subregionales. La constatación de esta idea supondría una altísima valoración de la democracia y los parlamentos por parte de los gobiernos y los políticos latinoamericanos.

En este caso no se entenderían las mínimas reacciones y el silencio casi generalizado tras los lamentables episodios vividos la semana pasada en la Asamblea Nacional (AN) venezolana. Sin embargo las cosas son de otra manera. Por eso hubo escasos pronunciamientos sobre unos enfrentamientos saldados con varios diputados heridos de consideración, principalmente de la oposición, pero también del oficialismo. No se trata aquí de valorar si los parlamentarios de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) se autolesionaron, como señala el partido gobernante, o fueron agredidos en el hemiciclo. Si bien estos hechos son de extrema gravedad, no son los más importantes. Hay otros que atentan directamente contra la democracia y la vida parlamentaria del país.

Según el presidente de la AN Diosdado Cabello todo lo ocurrido en el parlamento fue un montaje de la oposición. Y si bien lamenta las heridas del diputado Julio Borges “el hecho de que él tenga un golpe no significa que él no haya sido el agresor”. Por eso Cabello cuestiona la identidad de los responsables de la violencia: “Hay ánimos caldeados, pero los ánimos caldeados tienen que ver con el desconocimiento de las instituciones de parte de los señores de la oposición”, en alusión a su decisión de no reconocer la victoria de Nicolás Maduro.

En realidad todo esto fue continuación de unos hechos iniciados el 16 de abril en la misma AN, sólo dos días después de la elección presidencial. Entonces, cuando resulto herido el diputado opositor Williams Dávila, Cabello retiró la palabra a todo los parlamentarios que no reconocieran la victoria de Maduro. En un tono entre prepotente y violento exclamó: “En esta Asamblea Nacional, mientras yo sea presidente, si no reconocen a Nicolás, si no reconocen la institucionalidad (del estado) no tendrá derecho de palabra ningún diputado” (http://www.youtube.com/watch?v=3TRRaxh0loQ).

Simultáneamente removió a los presidentes de las comisiones legislativas de la oposición. Como señaló en twitter, que parece ser la nueva forma de democracia directa y participativa: “Nombrar a los presidentes de comisiones en la AN es competencia exclusiva de la directiva, si no reconocen a Maduro aplico reciprocidad”. También amenazó con no pagar los salarios a los diputados que mantuviesen su actitud. Lo paradójico del caso es que sus decisiones no se basan en la Constitución de Venezuela, en ninguna ley nacional ni en el reglamento de la AN. Tampoco tuvo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral no hubiera proclamado los resultados definitivos. Pensemos en el escándalo que se habría producido en México si a los diputados y senadores del PRD que en 2006 no reconocieron el triunfo de Felipe Calderón les hubieran quitado la palabra y sus prerrogativas parlamentarias. ¿Alguien se imagina a Andrés Manuel López Obrador satanizado como fascista o golpista por no reconocer la legitimidad de su derrota?

Bancada de la oposición tras los incidentes en la Asamblea de Venezuela

En la última sesión de la AN el presidente Cabello retiró los micrófonos a los diputados de la oposición, intentando aplicar su peculiar interpretación de las normas parlamentarias y del funcionamiento de la democracia como si de órdenes cuarteleras se tratara. El problema de Cabello y de muchos de sus seguidores es que su legitimidad proviene de una revolución inexistente, ya que la única fuente que pueden presentar ante Venezuela y la comunidad internacional es producto de las urnas. Sin elecciones el chavismo no existiría.

Dentro de Venezuela la dura respuesta gubernamental se entiende a partir de la necesidad de consolidar una victoria sobre la que existen grandes dudas y de mantener cohesionados detrás de la figura de Maduro a los sectores más radicalizados. Lo que se entiende menos es la postura de aquellos gobiernos latinoamericanos que ni siquiera han aludido públicamente a la ruptura de la legalidad parlamentaria. Una de las pocas excepciones fue el ministro peruano de Exteriores, Rafael Roncagliolo, preocupado por la crispación, a la vez que hacía un llamado al diálogo. Su exhortación fue duramente criticada por Maduro quien volvió a insistir en que nadie tiene derecho a meter sus narices en los asuntos venezolanos.

En apenas 24 horas Maduro decidió restituir a su embajador en Lima, de donde lo había retirado con ostensibles aspavientos. No sería de extrañar que alguien, reservadamente, le llamara la atención sobre sus excesos verbales. Sin embargo, como señala Moisés Naím respecto a Brasil, sería de agradecer, de vez en cuando, una manifestación pública de apoyo a la democracia que aumentara el costo de ciertas conductas autoritarias. A este paso Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, con sus reacciones extemporáneas, podrían convertirse en los mayores enemigos de la supervivencia del onírico proyecto de Hugo Chávez.



Sur, Paraguay y después…

28/04/13

(Especial Infolatam).- El tango “Sur”, uno de los más famosos del género, susurra: Sur,/paredón y después…/ Sur,/una luz de almacén…/ Ya nunca me verás como me vieras,/ recostado en la vidriera/ y esperándote”. Habrá que ver si el próximo 15 de agosto los países de Mercosur y Unasur seguirán viendo a Paraguay, como antaño, recostado en la vidriera, esperando y mirando al sur, o si, por el contrario, el nuevo gobierno que ese día asuma en Asunción cambiará de actitud.

Cambio es lo que están solicitando destacados actores políticos y sociales locales tras las elecciones del 21 de abril. Los principales símbolos del reclamo son Yaciretá e Itaipú, ejemplo de la presión asfixiante de Argentina y Brasil, consumidores a precio de saldo de su energía hidroeléctrica. El diario ABC Color puntualiza en un editorial que ha llegado la hora en que Paraguay defienda “con dignidad y firmeza sus derechos y soberanía hoy pisoteados por Brasil y Argentina”. Luego describe su hartazgo en su relación asimétrica con los dos países mayores de Mercosur: “Lo que de ninguna manera aceptamos más los paraguayos es que nuestros vecinos y socios pretendan continuar explotando descaradamente nuestros recursos naturales engatusándonos con lisonjas y prebendas… Más allá de las inequidades y abusos de los respectivos tratados que deben ser rectificados, lo que ahora el nuevo gobierno debe exigir al Brasil y a Argentina es la revisión de los mismos y un acuerdo que nos restituya nuestra soberanía hollada en virtud de los leoninos tratados”.

Paraguay es un país muy peculiar, que no ha dejado totalmente atrás la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner, con estructuras sociales injustas y desiguales. Todavía dominado, como se ha visto en estas elecciones, por el sempiterno Partido Colorado (o Asociación Nacional Republicana), fundado en 1887. Con instituciones débiles y fácilmente manipulable por quien ejerce el poder. Y también por sus vecinos, que muchas veces escudándose en la falta de legitimidad de sus gobiernos, desarrollan políticas bilaterales poco amigables.

Comparando las melifluas declaraciones de muchos mandatarios sudamericanos tras el triunfo de Horacio Cartes con las pronunciadas tras la moción de censura (juicio político) contra Fernando Lugo, parecería que estamos en otro mundo. La presidente argentina Cristina Fernández dijo que “Sin lugar a dudas hubo un golpe de Estado” y la situación en Paraguay era “inaceptable”. En la misma línea se manifestaron muchos otros, como Hugo Chávez y José Mujica.

Hoy oímos cosas diferentes. Tras conocerse el triunfo de Cartes, Fernández dijo que lo esperaban en Mercosur y posteriormente remató en un twitter: “Su lugar está allí en Mercosur junto a todos nosotros como siempre… Democracia y Mercosur: La mejor fórmula. De nuevo estamos completos en la América del Sur. Se necesita”. Nicolás Maduro llamó a Cartes para felicitarlo y luego comentó sobre su “grata” conversación: “Hemos conversado por teléfono, yo le he ratificado toda la buena voluntad del gobierno y el pueblo venezolano para tener las mejores relaciones con el Paraguay… Le deseamos suerte a él como nuevo presidente del Paraguay y esperamos que sean superadas las circunstancias que llevaron a la suspensión del Paraguay en Mercosur y Unasur”.

¿Realmente explica este cambio de actitud el hecho de que se hubieran celebrado unas elecciones libres y democráticas, con todas las limitaciones del caso, o es que hay algo más? La suspensión de Paraguay de Mercosur, y también de Unasur, se realizó con poco apego a las normas y al derecho y mayores concesiones a la politiquería. En su momento, para justificar lo actuado en la Cumbre de Mercosur, Mendoza, junio de 2012, donde no sólo se suspendió la membresía de Paraguay sino también se decidió convalidar el ingreso de Venezuela, Mujica señaló que entonces había primado “lo político sobre lo jurídico”.

Todos los implicados en los hechos, Dilma Rousseff, Fernández, Mujica y Maduro, lo saben. Y saben de la endeblez de sus argumentos legales. Por eso prefieren que Paraguay vuelva al redil del modo más pacífico posible y sin exigir la salida de Venezuela. No será sencillo. En Paraguay hay fuertes resistencias. En fechas recientes el diputado Hugo Rubin, del Partido Encuentro Nacional (PEN) atacó cruda y escatológicamente a Fernández, Mujica y Mercosur. Y no es el único. Los sentimientos están a flor de piel y el recuerdo de la Guerra de la Tripla Alianza, cuando Argentina, Brasil y Uruguay diezmaron al pueblo paraguayo, es constante.

Lo más probable es que Paraguay vuelva a Mercosur, mientras Venezuela permanezca como miembro pleno. También se puede dar por seguro su regreso a Unasur. Habrá que ver, sin embargo, si las relaciones son fluidas o se complican, especialmente con Argentina y Venezuela, vistos en Asunción como los malos de la película. Por eso es más elocuente la actitud casi silenciosa de Brasil. En su enfrentamiento con Argentina, y la visita de Rousseff a Buenos Aires sólo supuso un parche, Paraguay puede ser, como Uruguay, un peón muy valioso. Pero ello obliga a mover las piezas con cautela. Nadie quiere, y Brasil menos que nadie, ser acusado de buscar la ruptura de Mercosur.



Unasur y su visión de la democracia venezolana

21/04/13

(Infolatam).- La Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) fue creada en 2008 para suceder a la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN o CASA). El cambio de nombre fue una imposición de Hugo Chávez durante la I Cumbre Energética de América del Sur celebrada en Isla Margarita en abril de 2007. Su mera existencia no ha resuelto el principal problema de la integración regional, como muestra la compleja cohabitación con la CELAC (Comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe). Por eso sigue pendiente la pregunta de qué se debe integrar, América del Sur o América Latina.

Pese a los orígenes y contradicciones de Unasur, sus principales impulsores (Brasil y Venezuela) y la mayor parte de sus países miembros, estiman que una de sus mayores virtudes es su capacidad para resolver los problemas regionales sin la presencia tutelar de Estados Unidos u otras potencias europeas. La sola existencia de Unasur constata la mayoría de edad de América del Sur, una región que ya es capaz de actuar por sí misma y en defensa de sus propios intereses. De esta forma, han sido varias las ocasiones en que los 12 países miembros se han reunido de urgencia para tratar algunas de las crisis nacionales en que la estabilidad de la democracia regional se había visto amenazada por algún “golpe de estado” o acción “destituyente”. Ocurrió con Bolivia, con Ecuador, con Paraguay y ahora nuevamente con Venezuela, pero siempre con el mismo guión y el mismo “relato”.

El país que ostenta la presidencia pro témpore convoca una reunión de urgencia a la que acuden la mayor parte de los presidentes de la organización. Tras la foto de familia y un encuentro más o menos breve se emite un comunicado que pone de manifiesto la existencia de una posición común en defensa de la democracia en América del Sur. Concluida la Cumbre todo el mundo regresa a su país, salvo el pasado jueves 18 de abril cuando los presidentes volaron de Lima a Caracas para participar en el solemne acto de toma de posesión de Nicolás Maduro.

El siempre dicharachero José Mujica definió muy bien la satisfacción colectiva que reinaba en el ambiente ante los logros alcanzados. Por ello calificó de “rápido e inteligente” el respaldo de Unasur a las elecciones presidenciales venezolanas. Según sus palabras se trató de un pronunciamiento que por sus características no tiene antecedentes en América Latina. En el pasado “en el mejor de los casos, se acudía a la Organización de Estados Americanos y difícilmente se lograban acuerdos globales”.

En esta ocasión la Cumbre presidencial aprobó una declaración de cinco puntos que comienza ratificando la “vocación democrática” del pueblo venezolano, al que felicita “por su masiva participación en la elección presidencial del 14 de abril” a la vez que “saluda al presidente Nicolás Maduro por los resultados” electorales y su elección como presidente de Venezuela (punto 1º). Una vez constatada la legitimidad del triunfo de Maduro “insta a todos los sectores que participaron en el proceso electoral a respetar los resultados oficiales de la elección presidencial emanados del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, la autoridad competente en la materia (2º).

Posteriormente se apoya en lo actuado por la Misión Electoral de Unasur en Venezuela y su Declaración del 15 de abril para impartir doctrina. Se da la casualidad que dicha misión electoral estuvo encabezada por el político argentino Carlos “Chacho” Álvarez que desde antes de su llegada a Caracas ya alababa la eficacia, la neutralidad y la legalidad del sistema electoral venezolano. A diferencia de otras misiones electorales que no pudieron realizar su labor, la de Unasur tuvo todas las puertas abiertas. Por ello, los mandatarios concluyeron “que todo reclamo, cuestionamiento o procedimiento extraordinario que solicite alguno de los participantes del proceso electoral deberá ser canalizado o resuelto dentro del ordenamiento jurídico vigente y la voluntad democrática de las partes. En tal sentido, toma nota positiva de la decisión del CNE de implementar una metodología que permita la auditoría total de las mesas electorales” (3º).

En la misma línea llama “a deponer toda actitud o acto de violencia que ponga en riesgo la paz social del país y expresa su solidaridad con los heridos y las familias de las víctimas fatales del 15 de abril” e invoca “al diálogo y a contribuir a preservar un clima de tolerancia en beneficio de todo el pueblo venezolano” (4º). Y para ello crea una comisión para investigar “los hechos violentos del 15 de abril” (5º). Se da la circunstancia que tales hechos, según la interpretación del gobierno de Maduro, fueron responsabilidad de la oposición.

Sin embargo, Unasur no se ha propuesto investigar las circunstancias bajo las cuales se desarrolló la campaña electoral, ni las denuncias de la oposición, ni las agresiones físicas sufridas por los parlamentarios de la MUD (Mesa de Unidad Democrática) en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, ni que el presidente de la misma, Diosdado Cabello, le retirara la palabra a los representantes opositores sin ningún sustento legal ni reglamentario, hasta tanto reconozcan a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

La profunda satisfacción con que la mayoría de los presidentes suramericanos analiza los logros de Unasur va acompañada de una total descalificación de las críticas que se le formulan. Por lo general, se afirma, éstas provienen de Europa y Estados Unidos y no tienen en cuenta las peculiaridades de la democracia en la región. Este estado de complacencia no refleja otro hecho preocupante: a diferencia de la incomprensión de los anteriores, quiénes sí entienden perfectamente los mecanismos que rigen el funcionamiento de la democracia en América Latina son países como Rusia, China o Irán. No en vano Ahmadineyad estuvo en Caracas en la asunción de Maduro, y los presidentes de Corea del Norte, Siria y Bielorusia felicitaron calurosamente al triunfador. Por si fuera poco, Alexander Lukashenko lo invitó a visitar su país cuando le fuera posible. Con apoyos como éstos el futuro de la democracia en América del Sur está totalmente garantizado.




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