
Infolatam
Bogotá, 11 de mayo de 2008
(Especial para Infolatam).-
"...si el presidente Chávez no renuncia públicamente a respaldar a organizaciones internacionalmente reconocidas como terroristas, otras sanciones de carácter económico deberían ser estudiadas contra Venezuela. De lo contrario, si el comportamiento del régimen bolivariano queda impune, se habrá creado un peligroso precedente para la lucha internacional contra el terrorismo...."
Uno de los errores más peligrosos en seguridad es ignorar un hecho porque contradice ciertas visiones consideradas indiscutibles o sencillamente porque resulta demasiado aterrador para ser aceptado. Tal vez un poco de ambas cosas ha dificultado la toma de conciencia internacional sobre el papel desestabilizador jugado por el régimen bolivariano de Hugo Chávez en América Latina. En realidad, los computadores incautados a Raúl Reyes en su calidad de miembro de la cúpula de la guerrilla de las FARC durante una operación colombiana contra su campamento en territorio ecuatoriano es solamente la última prueba de la injerencia del gobierno de Venezuela en Colombia.
Antes, declaraciones de desertores de la guerrilla, incautaciones de armas procedentes del país vecino o denuncias de secuestrados retenidos en la frontera habían puesto de relieve la complicidad de altos funcionarios civiles y militares de Caracas con las FARC. Ahora, el computador de Reyes aporta una nueva prueba sobre la cooperación estratégica entre el gobierno del presidente Chávez y una organización que ocupa un puesto de honor en las listas de grupos terroristas de EE.UU. y la Unión Europea. La cuestión es si esta última y contundente evidencia va a cambiar algo o muchos van a continuar mirando hacia otro lado para tratar de eludir una estruendosa verdad.
La responsabilidd de Estados Unidos
Lo cierto es que la lista de los que deberían reconsiderar su posición hacia el régimen venezolano es larga y variada. Ciertamente, hay que empezar por EE.UU. que ha mantenido una ambigüedad que ha beneficiado a Venezuela. Sin duda, Washington ha sido claro a la hora de condenar la injerencia de Caracas en países como Bolivia, Nicaragua, Perú o El Salvador. Pero al mismo tiempo, se ha mantenido como el principal cliente del petróleo venezolano. Desde luego, razones para el pragmatismo no faltan si se tiene en cuenta que el barril ya ha alcanzado los 125 dólares y no escasean las predicciones que anuncian una escalada hasta 200.
En cualquier caso, valdría la pena que el gobierno estadounidense tomase en consideración que son precisamente sus negocios con Caracas los que financian las aventuras internacionales del presidente Chávez. Venezuela exporta un crudo pesado cuyo procesamiento solo es posible en cierto tipo de refinerías que mayoritariamente se encuentran situadas en territorio norteamericano. En consecuencia, si Washington dejase de comprar, probablemente, Caracas no tendría muchos sitios donde vender. Un crac financiero que dejaría al presidente Chávez sin fondos para exportar su revolución.
Más allá de la indulgencia económica de la administración Bush hacia el régimen bolivariano, resulta llamativo que el Partido Demócrata haya preferido buscar ventajas electorales en lugar de apostar por contener la agresividad exterior venezolana y respaldar a los pocos aliados latinoamericanos que le quedan a EE.UU. Solo así se puede explicar el naufragio del Tratado de Libre Comercio de Washington con Bogotá víctima de la disputa casi personal de la líder de la mayoría demócrata del Congreso, Nancy Pelosi, con el presidente Bush.
Una decisión que ha incrementado la vulnerabilidad de la economía colombiana a las amenazas venezolanas de bloquear el comercio bilateral y negar a los empresarios de Bogotá su segundo mercado de exportación. Ahí está también la visita del gobernador de Nuevo México y padrino político de Barack Obama, Bill Richardson, al presidente Chávez con vistas a buscar su mediación con las FARC para obtener la liberación de los tres norteamericanos secuestrados por la guerrilla. Un gesto que fácilmente puede ser interpretado desde Caracas como una señal de que un futuro presidente demócrata mantendrá una actitud apaciguadora hacía el régimen bolivariano.
La retórica de los vecinos
Luego está el caso de los vecinos, esa lista de gobiernos latinoamericanos que se han negado a calificar a las FARC como una organización terrorista y han mirado hacia otro lado frente a las continuas señales de que el presidente Chávez respaldaba grupos radicales a todo lo largo del continente. De hecho, la retórica revolucionaria del mandatario venezolano ha sido bien acogida en un buen número de países porque resultaba funcional para los planes internacionales de algunas capitales interesadas en reducir la influencia estadounidense en la región –Brasilia– o porque venía envuelta en la promesa de jugosos negocios –Buenos Aires– sobre la base de la supuestamente inagotable generosidad bolivariana. El problema es que los computadores del extinto líder de las FARC revelan la otra cara de la cooperación venezolana, la determinación del gobierno Chávez de respaldar a una organización terrorista con vistas a debilitar la democracia en un país vecino y hacer avanzar una agenda revolucionaria. Y eso es un aviso para toda la región.
Finalmente, claro, se tiene que mencionar a los países europeos que han preferido buscar sus intereses nacionales más estrechos en las relaciones con Venezuela, pasando por alto el tono crecientemente agresivo de la política exterior bolivariana. Es hora de recordar las presiones ejercidas por París sobre Bogotá para que aceptase la mediación de Caracas para conseguir la libertad de la ciudadana francesa y ex –candidata presidencial colombiana, Ingrid Betancourt, cuando ya resultaba claro que el presidente Chávez no era un mediador imparcial con las FARC. Y también se deben mencionar las reticencias de la administración española de Rodriguez Zapatero a suministrar equipo militar al gobierno colombiano mientras firmaba contratos de armamento con un régimen que finalmente ha resultado involucrado en un entramado de apoyo al terrorismo.
A la vista de estos antecedentes, resulta urgente un cambio en el clima internacional hacia Venezuela. Si algunos países se resisten a condenar al gobierno bolivariano en su conjunto, parece imprescindible que al menos aquellas personas y organizaciones directamente implicadas en tratos con las FARC sean incluidas en la lista negra de promotores del terrorismo internacional. Además es fundamental frenar el programa masivo de compras de equipo militar desarrollado por Venezuela. En consecuencia, se debe imponer un embargo de armas al gobierno bolivariano.
Un paso que ya han dado de forma unilateral países como EE.UU., el Reino Unido, Suecia e Israel. Finalmente, si el presidente Chávez no renuncia públicamente a respaldar a organizaciones internacionalmente reconocidas como terroristas, otras sanciones de carácter económico deberían ser estudiadas contra Venezuela. De lo contrario, si el comportamiento del régimen bolivariano queda impune, se habrá creado un peligroso precedente para la lucha internacional contra el terrorismo.
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