Chávez advirtió de que su Gobierno revisará las inversiones en el país de los estados que apliquen la directiva.
Infolatam
Zaragoza (España), 23 de junio de 2008
El diputado oficialista venezolano Ángel Rodríguez anunció que pedirá al Gobierno del presidente Hugo Chávez que plantee a la OPEP el corte del suministro petrolero a los países de Europa que ejecuten la llamada la directiva de retorno de inmigrantes. El ministro español de Trabajo, Celestino Corbacho insistió que espera que no vaya "más allá" y que la amistad entre Europa y Latinoamérica presida el futuro.
La estatal agencia de noticias ABN reveló en su página web que el presidente de la Comisión de Energía y Minas de la unicameral Asamblea Nacional (AN) adelantó que "enviará una carta al ministro de Energía, Rafael Ramírez, "para que haga un planteamiento" en ese sentido "en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)".
La directiva "viola principios básicos de derechos humanos y cooperación internacional", por lo que "todos los pueblos del mundo debemos unirnos para impedir que países imperialistas impongan medidas de discriminación por origen nacional, racial o religiosa", expresó Rodríguez según ABN.
"No es posible que (los europeos) nos pidan políticas de cooperación para garantizar una oferta adecuada de combustible en función de sus necesidades de crecimiento y desarrollo, y al mismo tiempo atropellen a nuestros compatriotas", acotó el parlamentario.
El ministro español de Trabajo, Celestino Corbacho indicó que directivas de esta naturaleza siempre producen una acción y una reacción, pero después "hay que llevarlas al nivel diplomático" e, insistió que espera que la amistad entre Europa y Latinoamérica sea lo que presida el futuro.
En ese sentido, hizo hincapié en que todos han de hacer un ejercicio de responsabilidad y de rigor y en que Europa está obligada a colaborar y cooperar con latinoamérica, pero también latinoamérica y otros continentes han de entender que Europa "no puede tener toda la inmigración ilegal e irregular que desee tomar a Europa como referencia".
Según cifras del padrón, agregó, el 11 por ciento de los habitantes de España son inmigrantes y no se puede crecer "infinitamente" y es preciso que desde los países de origen entiendan que los de destino tienen necesidad de regular los flujos.
Explicó además que España no va a aplicar la directiva en su plazo máximo para poder retener a un inmigrante ilegal, de 18 meses, pero sí ampliar ese periodo de 40 a 60 días.
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