Venezuela considera que el sector energético es de "importancia estratégica" para el país y por lo tanto debe estar en manos del Estado.
Infolatam
Caracas, 28 de agosto de 2008
La Asamblea Nacional de Venezuela inició la primera discusión del proyecto de ley que prevé poner en manos del Estado el transporte de combustibles desde las refinerías hasta las estaciones de servicio y otros puntos de venta.
El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Ángel Rodríguez, dio por seguro que la ley será aprobada y justificó la medida "por razones de conveniencia nacional", según declaraciones publicadas en la página web de la unicameral Asamblea Nacional (Parlamento).
La posibilidad de que el Estado asuma la "intermediación" en el transporte de carburantes entre el grupo estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y los expendedores figura en la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos. Rodríguez señaló a la prensa que para garantizar la continuidad en los suministros de carburante "se designarán comités de transición el mismo día de la entrada en vigencia de la ley".
El diputado adelantó que la nacionalización del sector no solo repercutirá en el transporte por carretera, sino que también abarcará al desplazamiento de combustibles líquidos por vías marinas o fluviales. Rodríguez explicó que, una vez aprobada la nueva ley, las empresas objeto de nacionalización tendrán 60 días para negociar con el Gobierno el "justiprecio de los activos que pasarán a formar parte del Estado".
En esa negociación "se tomarán en cuenta las inversiones realizadas y su valor en libros", pero no aspectos como "el lucro cesante o los daños indirectos", aclaró. También destacó que "por tratarse de un asunto de interés nacional, está descartado el arbitraje o cualquier demanda en cortes extranjeras", por lo que cualquier conflicto de intereses se deberá solventar "en tribunales nacionales".
El Gobierno venezolano considera que el sector energético es de "importancia estratégica" para el país y por lo tanto debe estar en manos del Estado. No obstante, el ministro de Energía y Petróleos y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, descartó en posteriores declaraciones a los periodistas que la nueva ley busque expropiar las gasolineras.
"Los 40.000 trabajadores que laboran en las estaciones de servicios están amparados por la ley del Trabajo y no son objeto de esta ley (...); no estamos tomando control ni estamos expropiando ninguna estación de combustible", aseguró.
La estatización alcanzará a la red de distribución de combustibles, porque "el transporte tiene posiciones monopólicas" y "la seguridad del sistema no puede depender de un privado", agregó Ramírez y garantizó que los trabajadores del transporte de energéticos pasarán a formar parte de la filial de PDVSA que se creará para el efecto.
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