
Especial para Infolatam
Oxford, 11 de abril de 2008
(Especial para Infolatam).-
" Los críticos más radicales señalan que el Congreso ha dejado de ser "legítimo", y proponen su revocatoria y adelanto de elecciones. Otros, reconociendo la gravedad del problema, aducen que es un error descalificar la legitimidad de toda la institución, que las investigaciones adelantadas cuestionan la responsabilidad individual de los congresistas, que a los parlamentarios presos se les ha reemplazado de acuerdo con la ley, y que además existe un proceso judicial en curso como prueba de la fortaleza institucional del país".
Con tres nuevas detenciones la semana pasada, son 30 los congresistas colombianos presos, acusados de tener vínculos con organizaciones "paramilitares" en el llamado "escándalo de la parapolítica". Se esperan más detenciones, pues las tareas investigativas de los jueces ya cubren a 51 congresistas. Y se esperan también castigos: Hasta ahora 4 de los congresistas han recibido sentencia condenatoria. Estas cifras hablan por sí solas. El número de investigaciones y detenciones es ciertamente significativo frente a los 268 miembros del Congreso - 102 en el Senado y 166 en la Cámara de Representantes -.
No es exagerado, pues, hablar de "crisis". La propia Presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, reconoció que es "tal vez la crisis más aguda y difícil por la que ha pasado el Congreso en toda su historia". Aunque otras crisis anteriores, como la de 1949, fueron quizás más graves, sus palabras revelan el estado de ánimo entre los mismos congresistas. El Presidente Uribe y los jefes de las bancadas parlamentarias de los partidos políticos se habían tardado en llegar al acuerdo de este jueves pasado (10 de abril) que busca sacar adelante una serie de medidas para superar tan seria coyuntura.
Si bien la "crisis" es evidente, es menos fácil definir su naturaleza, mucho menos saber cómo salir de ella.
Los críticos más radicales señalan que el Congreso ha dejado de ser "legítimo", y proponen su revocatoria y adelanto de elecciones. Otros, reconociendo la gravedad del problema, aducen que es un error descalificar la legitimidad de toda la institución, que las investigaciones adelantadas cuestionan la responsabilidad individual de los congresistas, que a los parlamentarios presos se les ha reemplazado de acuerdo con la ley, y que además existe un proceso judicial en curso como prueba de la fortaleza institucional del país. Adelantar las elecciones, observa Juan Manuel Charry, sería inconstitucional: Su revocatoria "constituiría un ‘golpe de estado'".
Se habla también de una "crisis de representatividad", en la medida en que, por el sistema existente de reemplazos, muchos de quienes han pasado a ocupar la curul de los congresistas enjuiciados tuvieron en las respectivas listas de sus partidos un respaldo electoral mínimo - hasta menos de 3.000 votos -. La "crisis de representatividad" se manifiesta también en el Senado, por la pérdida de curules en algunos departamentos (como se llama en Colombia a las unidades político administrativas en que se divide el territorio del país).
Aunque en teoría la constitución de 1991 quiso hacer de la Cámara Alta un órgano representativo de la nación y no de los departamentos (a los Senadores se les elige por circunscripción nacional), en la práctica los senadores se comportan como voceros de sus regiones, como lo manifestó recientemente el Senador José David Name (del departamento del Atlántico). Hasta ahora los más afectados han sido los departamentos del Caribe colombiano, que han perdido en el curso del proceso 11 senadores, cuyas curules han pasado a miembros de sus respectivos partidos pero oriundos de otras regiones.
Se han formulado toda clase de propuestas para salir de la crisis, desde otra reforma electoral hasta la revocatoria y adelanto de elecciones, ya mencionados. En efecto, existe un proyecto de reforma electoral en curso, que precisamente sirvió de base para el acuerdo del jueves pasado entre el Presidente y los jefes de las bancadas parlamentarias. Partes del proyecto han sido objeto de duras críticas, pues algunas de sus medidas (como elevar el umbral mínimo para ganar representación del 2 al 5 por ciento) favorecerían a los partidos más fuertes, también cuestionados en las actuales investigaciones al lado de otros partidos menores. Se ha planteado, por ello, postponer las discusiones sobre las medidas que no son directamente relevantes a combatir la raíz de la crisis, y concentrarse en aquellas que servirían para solucionarla.
Una de las propuestras acordadas es declarar "vacía" para todo el período la silla de todo congresista condenado. Adicionalmente, se contemplan mayores sanciones para los partidos cuyos congresistas sufran condenas - incluída la pérdida eventual de su personería jurídica -
Las medidas propuestas, que se discutirán el próximo martes en el Congreso, plantean más dudas que respuestas definitivas. Pero en medio de la crisis, existe el generalizado sentimiento que la justicia está actuando con autonomía, la manera más efectiva de preservar la legitimidad de las instituciones.
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