Riesgos y oportunidades de una oferta de diálogo.

ENVIAR A UN AMIGO

Infolatam
Bogotá, 7 de junio de 2007

(Especial para Infolatam).- "... resulta verosímil que las FARC respondan a la iniciativa de distensión del gobierno con una escalada armada que hará difícil explicar a la opinión pública cómo se puede excarcelar a los ex-militantes de un grupo que continúa recurriendo a la violencia. Por ello, la apuesta del gobierno parece entrañar oportunidades significativas; pero también riesgos nada despreciables".

La decisión del presidente Uribe de abrir la puerta a la excarcelación de los militantes de las FARC actualmente en prisión representa el giro más importante en el manejo del conflicto interno colombiano desde que cuatro años atrás se iniciase un proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que condujo a la desmovilización de 34.000 paramilitares.

En primera instancia, el paso anunciado por el ejecutivo de Bogotá pretende desbloquear las posibilidades de un acuerdo con la guerrilla que permita la liberación de más de medio centenar de miembros de las fuerzas de seguridad y representantes de la clase política secuestrados desde hace años. Un grupo que incluye a la antigua candidata presidencial colombiana de nacionalidad francesa, Ingrid Betancourt. Para su liberación, las FARC han exigido sistemáticamente la excarcelación de sus militantes mantenidos en prisión. Ahora, la administración Uribe espera que su decisión de sacar de la cárcel a centenares de miembros del grupo terrorista abra la puerta a una pronta liberación de los secuestrados. Pero más allá de la búsqueda de este compromiso concreto, para un sector de la opinión pública, la decisión del gobierno podría ser un avance en la búsqueda de un diálogo de paz con los insurgentes.

Lo cierto es que la medida del gobierno colombiano pone a la guerrilla en una difícil posición política. Durante años, los insurgentes acusaron al ejecutivo colombiano de hacer imposible un acuerdo para liberar a los secuestrados. La excarcelación de un número sustancial de antiguos militantes armados deja sin sentido este argumento. Más aún, la decisión gubernamental de sacar de prisión y designar como interlocutor al antiguo representante internacional de las FARC, Rodrigo Granda, demuestra un grado de flexibilidad poco común, sobre todo, si se tiene en cuenta que el recién liberado guerrillero ha declarado públicamente su fidelidad a la organización armada y su rechazo al Estado.

El impacto de estos gestos políticos sobre la credibilidad política del gobierno colombiano no se ha hecho esperar. De hecho, las medidas tomadas por el gobierno colombiano han recibido el apoyo explicito de la reunión del G-8. Un reconocimiento internacional que ha sido impulsado personalmente por el presidente francés Nicolas Sarkozy. En tales circunstancias, las FARC parecen condenadas a escoger entre realizar alguna concesión en lo relativo a la liberación de los rehenes o hundirse definitivamente en el más completo aislamiento dentro y fuera de Colombia.

En un sentido más general, los gestos políticos del presidente Uribe han fortalecido la legitimidad de su estrategia de pacificación. Desde algunos sectores políticos, tradicionalmente se había acusado al jefe del Estado de estar cerrado a cualquier diálogo con las FARC, mientras prefería avanzar en la desmovilización de las AUC y la búsqueda de un acuerdo de paz con una guerrilla militarmente más débil como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De nuevo, la decisión de avanzar hacia la excarcelación de los militantes de las FARC, un proceso al que por el momento ya se han sumado cerca de 200 presos de un total de 1600, ha despejado dudas sobre la disponibilidad del ejecutivo para discutir sobre la liberación de los secuestrados y, más en general, sobre la apertura de un proceso de paz.

Este fortalecimiento de la legitimidad del gobierno acompañado del aislamiento político de la guerrilla podría tener un impacto sustancial dentro de las mismas filas de las FARC. Inicialmente, una parte de los insurgentes presos en las cárceles colombianas han rechazado la oferta del gobierno y han anunciado su determinación de permanecer fieles a la organización. Paralelamente, las FARC han condenado como desertores a aquellos de sus antiguos militantes que han decidido aceptar la puerta abierta por el gobierno. Una declaración que representa una clara amenaza contra sus vidas.

El objetivo de estas medidas es prevenir el impacto sobre la cohesión de la organización que puede tener la oferta del gobierno. De hecho, el incremento de la presión del Estado sobre la guerrilla parece haber hecho mella en la voluntad de combate del grupo, cuyos militantes parecen estarse entregando voluntariamente a las autoridades en un número creciente. En este sentido, las medidas de las FARC para prevenir que un número creciente de sus presos acepten la oferta gubernamental pueden tener éxito temporalmente. Sin embargo, a largo plazo, la posibilidad de abandonar la prisión con solo aceptar la condición mínima de jurar no volver a delinquir puede ser una tentación insuperable para antiguos combatientes con largos años de encierro y sin ninguna otra posibilidad de recuperar la libertad que confiar en la benevolencia del Estado.

Dicho todo esto, tampoco se puede olvidar que el gesto político de la administración Uribe entraña problemas y riesgos. Para empezar, es necesario tomar en cuenta el impacto de la decisión de sacar de la cárcel a centenares de guerrilleros sobre la moral de policías y militares que han invertido sangre y sudor en el esfuerzo por combatir a las FARC y restaurar la paz y la seguridad en amplias zonas de Colombia. Pero además, también es necesario tener presente que el futuro escenario político-estratégico promete resultar particularmente complejo de gestionar. De hecho, resulta verosímil que las FARC respondan a la iniciativa de distensión del gobierno con una escalada armada que hará difícil explicar a la opinión pública cómo se puede excarcelar a los ex-militantes de un grupo que continúa recurriendo a la violencia. Por ello, la apuesta del gobierno parece entrañar oportunidades significativas; pero también riesgos nada despreciables.