Razones para una ruptura

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Infolatam
Bogotá, 24 de noviembre de 2007

(Especial para Infolatam)

"..En tales circunstancias, la descalificación de la mediación venezolana era la única opción para el presidente Uribe. Un argumento sobre el que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, debería reflexionar cuidadosamente antes de continuar disparando con pólvora ajena y pidiendo la continuación de una mediación que ya se había convertido en ingerencia".

Un hábito político largamente arraigado en las democracias es aquel que anima a culpar a los gobiernos de cualquier cosa que frustra las expectativas o intereses de los ciudadanos, incluso cuando se trata de acontecimientos sobre los que el ejecutivo tuvo poco control o sencillamente resultaron inevitables. Tanto si se trata de un ataque terrorista como de un desastre natural, algunos ciudadanos tienden a sentirse más tranquilos cuando escogen al gobernante de turno como chivo expiatorio para descargar sus frustraciones por crisis y reveses cuyas causas y culpables descansan en otros lugares. Puede ser que este sea el caso con el gobierno colombiano después de que el presidente Uribe decidiese suspender el rol de mediación que había desempeñado su homólogo venezolano durante los pasados meses con vistas a obtener la liberación de un grupo de militares y políticos secuestrados por las FARC. Pero lo cierto es que la reacción de Bogotá fue la única posible dado el curso que había tomado la actividad mediadora de Caracas que combinaba una ruptura de los canales diplomáticos habituales con la creación de un escenario capaz de agigantar el peso político de la guerrilla.

En realidad, una serie de factores en la base del propio esfuerzo de mediación venezolano conspiraban contra la posibilidad de lograr un acuerdo con los insurgentes. Para empezar, está la cuestión de los objetivos de los insurgentes en las negociaciones para facilitar la liberación de este grupo de rehenes a cambio de la liberación de un número de guerrilleros mantenidos en las cárceles colombianas o lo que es lo mismo el denominado "intercambio humanitario". Con la opinión pública masivamente en contra de la violencia y las unidades guerrilleras empujadas lejos de los centros urbanos por las fuerzas militares colombianas, las FARC están cada vez más cerca de convertirse en un actor político marginal solo importante para las fuerzas del orden y los analistas preocupados con el problema del terrorismo.

En tales circunstancias, el único asunto que parece capaz de devolver cierto protagonismo a los insurgentes es precisamente los tiras y aflojas para conseguir la libertad de unos secuestrados que en algunos casos ya han cumplido una década de cautiverio. Pero semejante valor estratégico del "intercambio humanitario" es un obstáculo clave para obtener un pronto acuerdo. De hecho, se ha convertido en una razón para que la guerrilla alargue al máximo las negociaciones jugando con el ansia de la opinión pública colombiana por poner fin a este drama para mantener una presencia nacional e internacional que no obtendría de ningún otro modo. Dicho de otra forma, las FARC tienen todos los incentivos para dilatar las conversaciones y no dejar que concluya un juego de donde están sacando unos evidentes réditos políticos.

Por otra parte, las demandas insurgentes para avanzar hacia un compromiso chocan con lógicas resistencias por parte del gobierno y amplios sectores de la opinión pública colombiana que todavía mantienen vivo el recuerdo de la catastrófica experiencia del país en las negociaciones mantenidas por la administración del presidente Pastrana con las FARC entre 1998 y 2002. Cabe recordar que entonces el gobierno otorgó a la guerrilla una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros que los insurgentes no tuvieron ningún reparo en utilizar como base para traficar con narcóticos, organizar ataques terroristas y guardar centenares de secuestrados. En otras palabras, la guerrilla utilizó para delinquir un espacio que se le había otorgado para hacer la paz aprovechando que las reglas establecidas para avanzar en las negociaciones prohibían a la Fuerza entrar en el mencionado territorio. Con semejante antecedente, no se trata únicamente de que el gobierno no quiera repetir una experiencia tan desastrosa. Además, cabe preguntarse si la sociedad colombiana estaría dispuesta a exponerse a semejantes riesgos cuando la guerrilla ha afirmado que la concesión de una nueva "Zona de Despeje" es una condición para empezar a hablar del intercambio; pero no garantiza que se alcance un acuerdo sobre el mismo.

En cualquier caso, la principal razón para explicar el naufragio de la mediación venezolana está en el propio presidente Chávez y los objetivos difícilmente confesables con los que se involucró en el proceso. Más allá de la preocupación humanitaria por los secuestrados, para el líder venezolano, la mediación en el intercambio humanitario y su posible involucramiento en un eventual proceso de paz representaban una apuesta estratégica para consolidar la influencia de Caracas en la Región Andina y cristalizar el proyecto nacional-populista etiquetado bajo la pomposa denominación de "Socialismo del Siglo XXI". De hecho, Chávez ha buscado insistentemente estos objetivos desde su llegada al poder recurriendo a la ingerencia sistemática en los asuntos de los países vecinos con episodios que van desde la interferencia en las elecciones presidenciales peruanas hasta la apertura de una línea de crédito personal al presidente boliviano Evo Morales con el fin de permitirle comprar adhesiones políticas.

Semejante ofensiva político-estratégica ha tenido en Bogotá su principal obstáculo. Un país con el tamaño para oponerse a los sueños hegemónicos de Chávez, Colombia se ha convertido en el símbolo de un modelo de desarrollo alternativo basado en la democracia liberal, el libre mercado y una sólida asociación con EE.UU. Bajo tales circunstancias, la posibilidad de ganar protagonismo en unas negociaciones entre la administración Uribe y las FARC abría la puerta al presidente Chávez para ganar influencia en los asuntos internos colombianos utilizando un eventual proceso de paz como la palanca para provocar cambios institucionales afines con el proyecto bolivariano y fortalecer aquellas fuerzas políticas cercanas al "chavismo". Tales designios resultaban claramente incompatibles con una mediación eficaz que necesariamente exige una posición neutral entre las partes y una agenda solamente comprometida con la paz.

Finalmente, la decisión del mandatario venezolano de saltarse al jefe del Estado colombiano e intentar una interlocución directa con el alto mando militar de Bogotá buscando aliados internos para promover una nueva "Zona de Despeje" para la guerrilla demostró no solo el habitual desprecio del "chavismo" por la soberanía de los países vecinos sino también la voluntad de construir a cualquier precio un modelo de negociación a la medida de las FARC. Todo ello como punto de arranque de un proceso donde la búsqueda de la paz debía servir de pretexto para impulsar una agenda de cambio político de acuerdo con los designios ideológicos de Caracas y al margen de la voluntad de los colombianos. En tales circunstancias, la descalificación de la mediación venezolana era la única opción para el presidente Uribe. Un argumento sobre el que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, debería reflexionar cuidadosamente antes de continuar disparando con pólvora ajena y pidiendo la continuación de una mediación que ya se había convertido en ingerencia. Y sino, sería conveniente preguntar al Elíseo cual hubiese sido su reacción en caso de que un gobierno cualquiera -los EE.UU., por ejemplo- hubiese intentado alcanzar un acuerdo a sus espaldas con la cúpula militar gala sobre un asunto sensible para su seguridad nacional como la contribución de París a la campaña militar en Iraq.