El buen momento económico de Perú contrasta con los problemas con los poderes regionales y el malestar social.
Infolatam
Lima, 14 de febrero de 2008
Los gobiernos regionales y los sindicatos de maestros están en pie de guerra con el ejecutivo de Alan García que impulsa una serie de normas de modernización de la educación que recortan la autonomía de los poderes locales en materia educativa y fiscal.
El gobierno se enfrenta a los poderes regionales y al poderoso sindicato de maestros que controla el ultraizquierdista Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación.
Los gobiernos regionales de Lambayeque, Arequipa y Puno se han negado a aceptar el recorte de competencias y han aprobado diferentes normas que rechazan la aplicación del Decreto Supremo 004, el cual exige que sólo los profesores que figuren en el tercio superior de sus universidades o institutos podrán ser contratados.
Yehude Simon, carismático y popular gobernador de Lambayeque, impulsa una ordenanza regional en la que anula los efectos del decreto del Ministerio de Educación. La postura de Lambayeque es secundada en el sur donde el consejo regional de Arequipa aprobó un reglamento que igualmente anula las consecuencias del decreto ministerial.
El Sutep, encabezado por su secretario general, Luis Muñoz, presentó ayer su demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de la Carrera Pública Magisterial y anunció que tiene el apoyo de Ollanta Humala: "estamos coordinando con algunas bancadas que nos apoyaron en su momento, como las del Partido Nacionalista y de Unión por el Perú, y esperamos que no sean suplantados por el capricho de cuatro voceros".
El ministro de Educación, José Antonio Chang, declararó ayer que las autoridades regionales incurren en desacato, por lo que el gobierno analizará las normas aprobadas para "tomar las acciones legales necesarias". Chang reiteró que el gobierno estaba dispuesto a demandar a los jefes de regiones que incumplan el decreto: "creo que Yehude Simon (el presidente regional de Lambayeque) tiene que asumir las responsabilidades que implican desconocer una norma nacional". Chang asegura que la oposición de las provincias se debe a que temen las protestas políticas de los sindicatos de profesores: "no importa qué color (político) tienen, pero sí que tengan algo en la cabeza".
Por su parte, el primer ministro Jorge del Castillo reiteró su defensa de la norma que y sostuvo que "el sistema educativo debe cambiar sin miedo", en alusión a la amenaza de huelga del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, que se opone a la medida.
Por su parte, Beatriz Merino invocó que ambos puedan llegar a un acuerdo en el tema de la paralización convocada en Cusco, por la ley de inversión en zonas adyacentes a sitios arqueológicos. La defensora del pueblo invocó a los presidentes regionales a no crear más conflictos sociales y pidió que dialoguen con el Ejecutivo con el fin de solucionar cualquier desacuerdo existente antes de realizar movilizaciones.
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