El pasado lunes los huelguistas se enfrentaron a la policía y retuvieron a más de 60 agentes durante más de 24 horas en una iglesia de Moquegua.
Infolatam
Lima, 20 de junio de 2008
El Gobierno de Alan García, autoridades regionales y dirigentes sociales anunciaron el fin de una violenta huelga que ha provocado un centenar de heridos y el desabastecimiento del sur del país, bloqueado desde hace diez días.
Con el compromiso de devolver "la paz social" a Moquegua, a 1.225 kilómetros al sur de Lima, el primer ministro Jorge del Castillo y el presidente de esta región, Jaime Rodríguez, anunciaron en rueda de prensa el acuerdo alcanzado después de 15 horas de negociaciones.
La huelga, iniciada el 10 de junio, fue convocada por los pobladores de Moquegua en demanda de un reparto más equitativo del canon minero, al considerar que la vecina Tacna resulta más beneficiada del impuesto que abona al Estado la minera Southern Cooper, de capital mexicano y que explota cobre en ambas regiones.
El conflicto llegó a su culmen el pasado lunes, cuando los huelguistas se enfrentaron a la policía y retuvieron a más de 60 agentes durante más de 24 horas en una iglesia de Moquegua.
El presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Moquegua, Zenón Cueva, el más destacado convocante de la protesta, se comprometió también a invocar a la población a levantar la huelga.
Como consecuencia de la firma del acuerdo, de ocho puntos y cuyos detalles se desconocen, las actividades comenzaron a normalizarse en Moquegua, donde los víveres y el combustible escasean y los precios se han disparado.
Del canon que el Estado recibe de Southern, la segunda mayor empresa en Perú, en Tacna se repartieron el año pasado 712 millones de nuevos soles (253 millones de dólares) frente a 188 millones de nuevos soles (64,4 millones de dólares) que llegaron a Moquegua.
Este fue el motivo que encendió las protestas, ya que Moquegua pide que el cálculo del canon se haga a partir del volumen de cobre producido y no extraído, tal y como ocurre ahora en beneficio de Tacna, de acuerdo a una ley de 2002.
Los moqueguanos reclaman una transferencia por concepto del canon de 469 millones de nuevos soles (167 millones de dólares), correspondientes al 2007, que deberían invertirse en obras públicas. Del Castillo adelantó que las empresas mineras llevarán a partir del próximo año cuentas separadas y, en consecuencia, "la justa distribución de los recursos del canon ya no va a tener ninguna interferencia".
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