El secretario General de la OEA fue criticado en la Asamblea por su debilidad ante el cierre de RCTV
Infolatam
Panamá, 5 de junio de 2007
Chile, Brasil, Canadá y Perú presentaron en Panamá un proyecto de resolución que busca la promoción y fortalecimiento de la democracia. El documento cuenta con el consenso de los 34 países miembros, aunque todavía debe pasar por la aprobación de los cancilleres presentes en la XXXVII Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se inició ayer en Panamá.
Aunque ésta es la tercera vez consecutiva que Chile promueve el seguimiento de la Carta Democrática Interamericana, fuentes diplomáticas chilenas admitieron que esta vez es de mayor urgencia un pronunciamiento de la asamblea por el caso Venezuela.
Las críticas a la falta de influencia y determinación de la Organización de Estados Americanos al no intervenir en favor de la libertad de expresión ha sido la tónica de ayer, cuando se inauguró el trigésimo séptimo período ordinario de sesiones.
El chileno José Miguel Insulza, secretario general del organismo, ha sido blanco de estos reproches al considerarse que su actuación ha sido débil para afrontar el tema. Equipos periodísticos del clausurado canal RCTV, que cubren la asamblea y despachan por internet a través del portal YouTube y de la agencia de noticias Venezuela Press, han sido los más críticos con José Miguel Insulza.
Pero, el ex ministro del Interior del gobierno de Ricardo Lagos fue claro en señalar que no le corresponde a él asumir tal responsabilidad y que son los países miembros quienes tienen la potestad de colocar el asunto en agenda.
El intenso "lobby" de organizaciones gubernamentales y representantes de organismos internacionales relacionados con los medios de comunicación parece no tener efecto práctico, pues ninguno de los 34 países miembros de la organización ha mostrado voluntad de presentar una moción condenatoria hacia el gobierno del Presidente Hugo Chávez.
Sólo la iniciativa chilena, brasileña, canadiense y peruana sugiere una intención de colocar el tema en carpeta, aunque en forma tibia y hasta entre líneas, pues en ninguno de los puntos de la resolución se nombra a Venezuela.
Uno de los párrafos, el primero, parece dirigido a invocar este respeto, cuando pide "Respaldar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para fortalecer las instituciones, los valores y las prácticas democráticas, la gobernabilidad democrática, la lucha contra la corrupción, la profundización del Estado de Derecho, la plena vigencia de los derechos humanos, y la reducción de la pobreza, la inequidad y la exclusión social".
También, entre otros requerimientos, solicita al Consejo Permanente que "analice los principales desafíos a la gobernabilidad democrática y en particular aquellos relacionados con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y con la promoción del desarrollo económico y social".
Lo paradójico es que Venezuela y Estados Unidos, en un documento fusionado, aparecen promoviendo un proyecto de resolución por el "Derecho a la Libertad de Pensamiento y Expresión y la Importancia de los Medios de Comunicación".
La propuesta, ya aprobada el 23 de mayo por el Consejo Permanente, reafirma el derecho "a la libertad de pensamiento y expresión" y hace un llamado a los Estados miembros "a respetar y garantizar el respeto de este derecho".
La resolución sobre fortalecimiento democrático, que firman Chile, Perú, Brasil y Canadá, sirvió para dar una señal de que las relaciones con Lima siguen intactas, a pesar de la polémica que suscita la postura peruana respecto de su reclamo sobre los límites fronterizos marítimos.
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