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Mexico 24 de julio 2007
Varias organizaciones de prensa y de la sociedad civil pidieron hoy al Gobierno de México que reforme la legislación relativa a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, para incrementar sus capacidades y competencias.
Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México, recordó que la semana pasada las autoridades se comprometieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a llevar a cabo un proceso interno para dotar a esa fiscalía de una mayor base jurídica para investigar casos que ahora están fuera de su alcance.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas depende de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) y fue creada en febrero de 2006. Diversas organizaciones como RSF, el Centro Nacional de Comunicación Social, Artículo XIX y la Red Mexicana presentaron en Washington, también ante la CIDH, un informe sobre la situación de la libertad de expresión en México y el gobierno se comprometió a tomar medidas para mejorarla.
Una de las quejas de estas ONGs es que la fiscalía está jugando un papel "insuficiente", ya que, por su estructura legal, no atiende casos vinculados con narcotraficantes ni atiende ofensas en ámbitos locales, las más frecuentes. "Creo que van a tener que empezar (la reforma) por el fiscal que va a encabezar esta Fiscalía", señaló Flores en una rueda de prensa, y se mostró muy crítica con el actual titular de la entidad, Alberto Orellana, de quien lamentó el "silencio" que ha mantenido desde que tomó posesión del cargo.
El representante de la organización Artículo XIX, Ricardo González, pidió mayor transparencia a la fiscalía, de la que dijo no dispone de suficiente presupuesto ni recursos materiales y que necesita un "fortalecimiento institucional" para no quedarse en un "limbo jurídico", para lo cual propuso "federalizar los delitos". Explicó que de los 68 casos supuestamente atendidos por la fiscalía, tan solo 56 lo fueron de forma directa, ya que el resto fueron llevados por otras instituciones o por procuradurías locales.
En Washington, el Estado mexicano reconoció "la grave situación" de los periodistas en el país, donde ha habido 33 asesinados y siete desaparecidos entre 2000 y 2007, según la prensa, y se comprometió a tomar las medidas necesarias para su esclarecimiento.
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