América Latina
  República de Argentina
  República de Bolivia
  República Federal de Brasil
  República de Chile
  República de Colombia
  República de Costa Rica
  República de Cuba
  Ecuador
  República de El Salvador
  Reino de España
  Estados Unidos de América
  República de Guatemala
  República de Honduras
  Estados Unidos Mexicanos
  República de Nicaragua
  República de Panamá
  República del Paraguay
  República de Perú
  República Dominicana
  República Oriental de Uruguay
  República Bolivariana de Venezuela
EL ANÁLISIS

Los enviados del Pentágono

 

Cambio
Bogotá, 2 de julio de 2009


"...El acuerdo está cocinado y si bien en estricto sentido no supone trasladar la base de Manta con todos sus fierros, sí contempla una operación mucho más amplia desde cinco bases colombianas ya existentes. Una diferencia más que semántica que, lejos de marcar una nueva era en las relaciones con Estados Unidos en este campo, lo que hace es consolidar el status quo...". (Cambio. Colombia)

"...El comandante de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa (e), general Fredy Padilla de León, insiste en que las condiciones bajo las cuales ha funcionado la base de Manta -controlada por completo por Estados Unidos- no van a repetirse en el caso colombiano. Lo cierto, sin embargo, es que el acuerdo no será fácil de digerir para la opinión pública. Y es que si bien no será montada una instalación similar a la de Manta por parte de Estados Unidos, el acuerdo permitirá la utilización de cinco bases y extiende aún más la presencia militar de Estados Unidos en el país...

Si el convenio para la utilización de Manta, firmado por el presidente Mahuad en 1999, causó malestar y repudio en varios sectores de la sociedad ecuatoriana, porque lo consideraron una entrega de soberanía y porque temían el posible uso de la base para operaciones del Plan Colombia, en el país se puede prever un debate. El tema es sensible, como se hizo evidente en 1994, a finales del gobierno de César Gaviria, cuando se conocieron los detalles de un plan para construir, por parte de Estados Unidos, una escuela en Juanchaco.

No obstante que el convenio está concebido en un marco de beneficios y responsabilidades compartidos, y que se apoya en por lo menos 10 instrumentos de Derecho Internacional -desde la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1962 hasta la Carta Interamericana de 2001, pasando por las convenciones sobre la lucha contra las actividades terroristas de la ONU y la OEA- hay asuntos muy sensibles.

En primer lugar, según especialistas consultados por CAMBIO, no faltarán quienes exijan que el acuerdo pase previamente por los controles que contempla la Constitución para el tránsito de tropas extranjeras, como un concepto del Consejo de Estado y la autorización del Congreso...

En segundo lugar...también deberían considerarse los alcances del artículo 9o de la Carta, que dice que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional.

Otro de los puntos críticos tiene que ver con la inmunidad. Los negociadores de los dos países tienen discrepancias sobre su alcance. Estados Unidos quiere inmunidad frente a las autoridades judiciales colombianas para todos los miembros de la misión: militares y civiles. Su pretensión en este sentido responde a una vieja y arraigada posición de Washington que se niega a que sus nacionales sean juzgados por otros países o por organismos internacionales, que fue la razón por la cual no firmó el tratado que dio vida a la Corte Penal Internacional en 1998. Los dos países ya tienen pactos vigentes, que se aplican al personal estadounidense que participa en el Plan Colombia, que contemplan esa figura.

Los representantes estadounidenses se acogen a los artículos 5º y 11º de un tratado de cooperación militar entre los dos países, según los cuales su personal destacado en Colombia gozaría de los mismos privilegios e inmunidades que los funcionarios de los niveles administrativo y técnico de la Embajada en Bogotá. Pero los negociadores colombianos consideran que el alcance de la inmunidad no puede ser general e ilimitado, y que ese privilegio no debe cobijar ni a contratistas, empleados civiles y pilotos que adelanten operaciones esporádicas. Colombia exige que en caso de que miembros de la misión cometan delitos en Colombia, Estados Unidos quede obligado a informar periódicamente sobre el trámite de procesos y juicios y las decisiones tomadas por sus jueces.

Esta discusión no es menor, y fue uno de los puntos que justificaron la decisión de Ecuador de cerrar la base de Manta. La Asamblea Constituyente en ese país consideró que cerca de 300 hechos irregulares y delictivos -retenciones ilegales de bienes de ecuatorianos, robos, homicidios, lesiones y casos de paternidad responsable- atribuidos a militares estadounidenses, quedaron sin respuesta por parte de las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Un cuarto punto de discrepancia se refiere a una cláusula sobre posibles daños y perjuicios causados en desarrollo del acuerdo. Los negociadores estadounidenses intentan que las dos partes renuncien a cualquier reclamación de indemnización por daños, pérdidas, destrucciones o muertes causadas en desarrollo de las operaciones. Pero Colombia sostiene que no renunciará a derechos que pueda tener a la luz del Derecho Internacional para presentar reclamaciones mediante canales diplomáticos.

El acuerdo, pese a las dificultades mencionadas, está en la puerta del horno y cuando el presidente Uribe llegó a Estados Unidos había consenso sobre su duración: 10 años, lo mismo que el de Manta, pero no sobre las condiciones de una eventual prórroga. Estados Unidos quería que fuera automática y por el mismo período de tiempo. Colombia exige negociarla un año antes de que expire y que, además, pueda ser denunciado por cualquiera de las partes. El canciller Jaime Bermúdez ha insistido en que no habrá una base militar de Estados Unidos en territorio colombiano y afirmó que el tema no fue abordado en el encuentro entre los presidentes Uribe y Obama, pero reconoció que "los dos países están buscando cómo profundizan la lucha contra las drogas". No obstante, el acuerdo está cocinado y si bien en estricto sentido no supone trasladar la base de Manta con todos sus fierros, sí contempla una operación mucho más amplia desde cinco bases colombianas ya existentes. Una diferencia más que semántica que, lejos de marcar una nueva era en las relaciones con Estados Unidos en este campo, lo que hace es consolidar el status quo...".

Extracto del artículo publicado por la revista Cambio 

 
 

SINDICACIÓN RSS

INFOLATAM Todos los derechos reservados 2005 Advertencia legal  - Publicidad: Magnoliart SCom.  - Programación: Taller Digital