
ESPECIAL PARA INFOLATAM
Análisis realizado por Alejandro Grisanti
Infolatam
Caracas, 31 de enero 2007
"El Presidente de la República, Hugo Chávez, dio un salto cuántico al pedir la nacionalización de varias empresas de servicios. Esta medida trae importantes costos y riesgos, tanto políticos como económicos para el Gobierno y definitivamente representa un viraje de lo que fue su política en los últimos ocho años. Los costos de la medida ya se tradujeron en una fuerte depreciación del tipo de cambio no oficial y de una destrucción de valor sin precedentes".
Yo era de la opinión que el Socialismo del siglo XXI era un conjunto de regulaciones para la empresa privada, especialmente en lo relativo a las ganancias, con entrada de nuevos actores y fortalecimiento del capitalismo de Estado. Lo expuesto hasta entonces por diferentes voceros gubernamentales era simplemente continuar con el proceso iniciado ocho años atrás.
Por ejemplo, Carlos Escarrá, diputado ante la Asamblea Nacional (AN) y actual miembro de la Comisión Presidencial encargada de escribir la reforma constitucional comentó que las reformas se darían dentro del respeto a la propiedad privada, pero creando nuevas formas de propiedad, como la social, la colectiva y la pública. Por otro lado, Rodrigo Cabezas, nuevo Ministro de Finanzas, comentó al diario El Nacional que el Gobierno Bolivariano lo que busca es que el sector privado contribuya más con el Estado y de allí la idea de regular las ganancias de las empresas. Cabezas, había ido más allá y señaló que "los mecanismos de regulación de esos beneficios serán por la vía impositiva?"
Sin embargo, el Presidente de la República, Hugo Chávez, dio un salto cuántico al pedir la nacionalización de varias empresas de servicios. Esta medida trae importantes costos y riesgos, tanto políticos como económicos para el Gobierno y definitivamente representa un viraje de lo que fue su política en los últimos ocho años. Los costos de la medida ya se tradujeron en una fuerte depreciación del tipo de cambio no oficial y de una destrucción de valor sin precedentes.
No se entiende porqué el Presidente decide utilizar la palabra nacionalícese, para que luego sus ministros tengan que anunciar que se va a pagar por las empresas un "justo valor por las acciones". Si el objetivo del Gobierno es el control de algunas empresas prestadoras de servicios "estratégicos", ¿por qué en lugar del Presidente haber anunciado una nacionalización, no anunció una simple Oferta Pública de Acciones (OPA)? Por ejemplo, para nadie es un misterio que Verizon quiere reducir su exposición en América Latina y que la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) estaba en venta. El haber anunciado una OPA, no hubiese tenido los efectos negativos sobre la confianza y la percepción del sector privado. En el corto plazo, estos efectos negativos se vieron reflejados en una depreciación del tipo de cambio no oficial de 19,5 % al pasar de VEB 3.475,6 por US$ a VEB 4.153,1 por US$, llegando la semana pasada a cotizarse en níveles cercanos a los VEB 5000 por US$.
Otra manera de medir el costo asociado a la nueva medida del Gobierno es a través de la capitalización de mercado de las empresas afectadas e incluso de las principales empresas que cotizan en la BVC. La capitalización del mercado es simplemente la multiplicación del total de acciones por el precio de dicha acción. La capitalización de mercado de la CANTV era de US$ 3.581 millones antes del anuncio y pasó a ser US$ 2.837 millones después del anuncio. En el caso de la Electricidad de Caracas (EDC), la capitalización del mercado pasó de US$ 1.116 millones a US$ 698 millones y la capitalización de mercado de las 20 empresas con más volumen en la BVC paso de US$ 13.953 millones antes del anuncio, a US$ 10.372 millones después del mismo. Es decir, se produjo una pérdida de valor de US$ 3.581 millones, equivales a 2,2 puntos del Producto Interno Bruto. Soy de la opinión que el Alto Gobierno no esperaba esta respuesta del mercado.
Es claro que en países donde no existe respeto a la propiedad privada, la inversión será sustancialmente menor que en aquellos países, socialistas o no, donde se mantiene un marco legal estable y se respeta la misma. La inversión privada es fuente de crecimiento, de creación de empleo y de mayor productividad de esos empleos. Los salarios reales simplemente reflejan los niveles de productividad de un país. Por último, la inversión incrementa la oferta de bienes para mitigar la inflación. Es por ello, que países con menor inversión sufrirán de una tasa mayor de desempleo, de mayor inflación y de empleos remunerados con menor poder adquisitivo.
Este salto que da el Gobierno no tiene ningún sentido político y económico. La única explicación posible es que la ideología se está imponiendo a pesar de los costos económicos y políticos de dichas medidas. Para el sector oficial era positivo obtener beneficio político a través de una congelación de tarifas, que en un ambiente de alta inflación implica una caída acelerada de las tarifas en términos reales. De esta manera, el Gobierno puede aprovecharse de la eficiencia del sector privado para mantener la calidad del servicio y la supervivencia de la empresa, sin tener que desembolsar recursos que se pueden gastar en otros sectores. Básicamente, es lo que han hecho en estos últimos 8 años y que, dado los resultados políticos de la elección presidencial de diciembre pasado, les ha sido sumamente exitoso.
Creemos que es necesario encontrar el por qué del cambio de estrategia de manera de poder comprender, negociar y establecer estrategias futuras. Hasta ahora, no he encontrado respuestas racionalmente satisfactorias a esta pregunta. Si simplemente la conclusión es que el factor ideológico es el predominante, y que el Gobierno anunció la nacionalización de estas empresas sin importar sus costos económicos y políticos, entonces en el futuro continuarán con la nacionalización de otras empresas que ellos consideren "estratégicas".
Sin embargo, un factor debe tenerse presente la intensidad y profundización de la llamada "radicalización del proceso" podría verse en el precio que esté dispuesto a pagar el Gobierno por CANTV y EDC. En otras palabras, si el Gobierno de Chávez paga un precio alejado de lo señalado por el mercado podríamos estar viendo una radicalización profunda del llamado Socialismo del siglo. XXI. En el caso contrario, que la actual Administración pagase un precio adecuado para el mercado ("justo" ha dicho el Ministro Cabezas), entonces, el proyecto bolivariano continuaría con el ritmo con el que ha venido operando.
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