Análisis realizado por Horst Grebe

Legalidad a la carta

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Instituto Prisma
La Paz, 24 de febrero 2008

"... Conviene tener presente además que las consultas populares y los referendos no son los mecanismos apropiados para dilucidar todos los conflictos del país. Por eso mismo, está en manos de la representación parlamentaria acordar una agenda, un cronograma, una metodología y el juego de leyes imprescindible para viabilizar el tratamiento de todo lo anterior". ( Prisma. Bolivia)

"La convocatoria al diálogo político resulta siempre bienvenida, y tanto más cuando existe una agenda precisa y la voluntad manifiesta de todas las partes involucradas de buscar ompromisos verificables. Las cosas se complican, en cambio, cuando no hay una agenda común, no se convoca a todos los que debenparticipar o algunos actores no cuentan con incentivos suficientes para alcanzar los acuerdos imprescindibles para poner solución a los problemas.

En las semanas pasadas no se pudo arribar a ningún acuerdo porque faltaron algunos de los ingredientes mencionados, lo cual estuvo agravado además por el hecho de que las dos posiciones en pugna adolecen de comprobables vicios de legalidad respecto de los textos que esgrimen. En efecto, ni la propuesta del mas de nueva Constitución Política del Estado ni el estatuto autonómico de Santa Cruz cuentan con credenciales impecables de legalidad, aunque los vicios de procedimiento son ciertamente diferentes en cada caso. Tampoco existe una instancia que dictamine de manera vinculante sobre la constitucionalidad de la convocatoria al referéndum del 4 de mayo o que se pronuncie sobre la manera de poner a derecho el resultado producido hasta este momento por parte de la Asamblea Constituyente en el cumplimiento de su mandato.

Por su propia definición como primer poder del Estado, el Congreso de la República es la única instancia que está en condiciones de acordar una salida a la actual crisis, que cumpla a la vez con los mínimos requisitos político-institucionales y jurídico- constitucionales. Conviene tener presente, sin embargo, que para llegar a un resultado satisfactorio en la negociación congresal, lo que significa el Senado para cualquier fin práctico, es probable que se requiera subsanar de previo la situación del Tribunal Constitucional y de la Corte Nacional Electoral, que son las dos instituciones imprescindibles para coadyuvar en la normalización del país mediante medidas que se encuadren en la ley y garanticen una consulta limpia de la voluntad popular en los temas que corresponda.

Un acuerdo puramente político que no tome en cuenta la paulatina normalización institucional, contribuirá en cambio a un debilitamiento aún mayor de las instituciones estatales y de la cultura democrática general, aunque pudiera generar un alivio de corto plazo a la crisis imperante. En tal contexto, la necesidad de atender los daños y pérdidas ocasionados por los desastres naturales es un argumento de peso para flexibilizar el plazo perentorio que se ha fijado unilateralmente en Santa Cruz para la realización de su referéndum. De ser así, se estaría contribuyendo de manera efectiva a crear las condiciones para llevar a cabo una negociación política de todos los temas que forman parte de la actual crisis del Estado nacional, en el plazo que sea imprescindible.

Si a nadie puede interesarle la prolongación indefinida de la actual situación, tampoco ninguna de las partes está en condiciones de imponer sus intereses y posiciones mediante el uso de la fuerza o la búsqueda de lograr hechos consumados. La solución de la crisis no es sencilla ni probable de lograr mediante un acuerdo único. Se requiere, en cambio, de un conjunto de acuerdos parciales, que permitan encontrar una secuencia de soluciones acumulativas a los diferentes problemas.

Conviene tener presente además que las consultas populares y los referendos no son los mecanismos apropiados para dilucidar todos los conflictos del país. Por eso mismo, está en manos de la representación parlamentaria acordar una agenda, un cronograma, una metodología y el juego de leyes imprescindible para viabilizar el tratamiento de todo lo anterior.

La dirigencia política está pues en la obligación de buscar soluciones que no sólo proporcionen salidas a las situaciones conflictivas, sino que siente a su vez precedentes y fortalezcan la arquitectura institucional de la República. Una salida pactada de tal naturaleza podría poner de una vez fin a la selectividad con la que se practica el acatamiento de la ley por parte de las fuerzas políticas en pugna.
* Economista, presidente del Instituto prisma.