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Washington, 28 de marzo de 2008
La misión de la OEA que se encargará de poner en práctica la resolución aprobada el pasado 18 de marzo en la XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, se instalará en Ecuador y Colombia el próximo 10 de abril, dijo el secretario del organismo José Miguel Insulza.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) así lo adelantó en el Diálogo Interamericano, quien también avanzó que la misión estará conformada por un "pequeño" grupo, que tendrá encargados en Colombia y en Ecuador y una unidad "móvil" que se puede trasladar a la frontera.
La misión será dirigida por el director de Sustentabilidad Democrática y de misiones especiales del organismo, Víctor Rico, quien, en principio, no estará destinado en los dos países. La misión no estará instalada en la frontera colombo-ecuatoriana porque Insulza considera que "no es muy efectivo" el tener a las personas que la integran en "medio de la selva".
Insulza no descarta adelantar la fecha del viaje de la misión si hay incidentes o queja de los países afectados con anterioridad al calendario fijado, como podría ser la denuncia del canciller colombiano, Fernando Araújo, sobre supuestos ataques desde la frontera ecuatoriana a agentes que erradican las drogas en la zona.
Insulza reconoció que desconoce esta denuncia, pero señaló que en casos de quejas específicas de ataques la OEA las investigará y recabará información de ambos países sobre los hechos. "Si hay denuncias específicas haremos algo para adelantar nuestras actividades", explicó el titular de la OEA.
En cuanto al ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalia que murió en una operación militar colombiana contra una base de las FARC en territorio ecuatoriano junto al "número dos" de esa guerrilla "Raúl Reyes" y otras 23 personas, Insulza dijo que la OEA hará sus recomendaciones sobre el caso "cuando las tengamos".
Insulza destacó que la OEA tiene las posibilidades de analizar el caso desde dos puntos de vista: desde el legal y diplomático, que implica la relación de dos países soberanos; y desde el de los derechos humanos, que correspondería a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la OEA.
Esta última vía requiere, sin embargo, que los dos países agoten en primera instancia todos los recursos legales y administrativos internos a su disposición, advirtió Insulza. Otra posibilidad es que los gobiernos de Quito y Bogotá lleguen a un acuerdo en cuanto a posibles reparaciones u otros términos.
A juicio de Insulza, el conflicto entre ambos países "no va a escalar", dado que los países decidieron solucionar sus problemas en el seno de la OEA y la aprobación de la resolución fue únicamente posible porque Colombia y Ecuador así lo quisieron.
Sobre el futuro de un posible acuerdo humanitario con las FARC, Insulza dijo que un "buen comienzo sería que la guerrilla dejara en libertad a todos los rehenes como base a iniciar una negociación con el Gobierno colombiano". Insulza se mostró contrario a la sugerencia de que el organismo asuma un liderazgo para ayudar a los Estados a elaborar una ley que cubra la problemática de las fuerzas irregulares. Aunque no contestó directamente, dijo que la región "no está en peligro" y que éste no era "un momento difícil en asuntos de fuerzas irregulares".
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