La Iglesia Católica: ¿Mediadora o Facilitadora?

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Infolatam
La Paz, 31 de marzo 2008

Infolatam inicia con este artículo la publicación de una serie de análisis especiales, con una periodicidad mensual y no necesariamente vinculados a la actualidad. Escritos por las mejores firmas de América Latina, con estos artículos Infolatam mejora sus contenidos para ofrecer a sus usuarios la mejor información sobre la realidad social, económica y política de América Latina.

(Analisis especial. Exclusivo para Infolatam).-

"... En el tiempo que corre desde la irregular aprobación de la propuesta de nuevo texto constitucional por parte de la bancada oficialista de la Asamblea Constituyente, la correlación de fuerzas se ha hecho cada vez más desfavorable para el partido del Presidente Morales, que ahora ya no sólo tiene al frente a las fuerzas opositoras aglutinadas alrededor de las demandas autonómicas, sino también a amplios sectores urbanos que están siendo víctimas del desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar por causa de una reducción evidente de la oferta debido a los desastres climáticos, pero asimismo debido a la especulación, el contrabando y la corrupción que generan las medidas equivocadas que ejercitan las autoridades económicas".

Después de tres intentos fracasados de diálogo, el Presidente Morales ha encomendado antes de Semana Santa al Cardenal Julio Terrazas un último esfuerzo para sacar al país, mediante un mecanismo de concertación política, de la profunda crisis institucional en que se debate desde fines del año pasado. Las perspectivas de esta iniciativa presidencial, sin embargo, no se pintan nada promisorias. Por principio de cuentas, el Gobierno se vio forzado a solicitar a regañadientes la intervención personal del Cardenal Terrazas, después de que antes había rechazado sistemáticamente la necesidad de cualquier mediación, y menos de una institución con la que ya se había enredado en diversos conflictos. En segundo lugar, hasta hoy no está claro para ninguna de las partes si la tarea que cumplirá la Iglesia será de mediación o de facilitación, lo cual se puede convertir en una cuestión que no se resuelve con una consulta simple al diccionario.

Y, por último, todo indica que en las primeras conversaciones del Presidente con el Cardenal no se tomaron los recaudos suficientes para que el esfuerzo avance al comienzo de una manera discreta y cuente por encima de todo con la aceptación explícita de los alcances verdaderos de la misión encomendada. De ahí que ahora este tipo de prerrequisitos se esté debatiendo de forma improvisada ante las cámaras, entorpeciendo lo que podría ser una de las últimas oportunidades de encaminar una salida mínimamente pactada a la crisis nacional.

En el tiempo que corre desde la irregular aprobación de la propuesta de nuevo texto constitucional por parte de la bancada oficialista de la Asamblea Constituyente, la correlación de fuerzas se ha hecho cada vez más desfavorable para el partido del Presidente Morales, que ahora ya no sólo tiene al frente a las fuerzas opositoras aglutinadas alrededor de las demandas autonómicas, sino también a amplios sectores urbanos que están siendo víctimas del desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar por causa de una reducción evidente de la oferta debido a los desastres climáticos, pero asimismo debido a la especulación, el contrabando y la corrupción que generan las medidas equivocadas que ejercitan las autoridades económicas.

Se suma a ello que la reciente prohibición inconsulta de exportar aceite de soya y girasol, junto con la amenaza de involucrar a las fuerzas de seguridad en este intento, está ocasionando repercusiones en cascada sobre toda la cadena de producción y transporte de la industria oleaginosa. La manía de buscar culpables antes que soluciones a los problemas, puede tener consecuencias inesperadas para el Gobierno en este caso, puesto que no parece haber aquilatado la cantidad del empleo que se genera en la producción agrícola, la transformación industrial, la comercialización y el transporte del aceite y sus productos derivados. Sin llegar a las dimensiones de las oleaginosas, también en el complejo cárnico se presentan circunstancias parecidas de diversos intereses afectados por la intención de aplicar controles y prohibiciones imposibles de hacer cumplir.

Es preciso recordar que en los dos años pasados, la situación de bonanza económica relativa proporcionó recursos fiscales y reservas internacionales en niveles inéditos, brindando un amplio margen de holgura para la gestión política. El vuelco de la coyuntura económica tiene que ver con varios factores objetivos y, en muchos casos, originados en las turbulencias de los mercados internacionales, pero no cabe duda alguna de que la situación ha sido además agravada por la índole de las medidas adoptadas por las autoridades monetarias, fiscales y productivas, con los efectos consiguientes de pérdida de credibilidad institucional, puesta en evidencia de la improvisación permanente de la gestión gubernamental y probable estrangulamiento de las perspectivas futuras del proceso de cambio inaugurado hace dos años.

La incorporación de la crisis económica en la agenda de problemas nacionales perentorios, complica enormemente las perspectivas de llevar a cabo la serie pausada de diálogos que requiere el país para resolver sus principales dificultades de funcionamiento. Si se considera además que el 4 de mayo es la fecha prevista para la realización del primer referendo autonómico en el Departamento de Santa Cruz, que el Gobierno pretende evitar a toda costa, se puede comprender el brete en que se encuentra la Iglesia en su tarea de organizar una agenda priorizada de temas, compatibilizada con la lista mínima de actores relevantes para cada uno de ellos, y que todo eso esté respaldado por un catálogo de incentivos eficaces para asegurar la voluntad de compromiso veraz de todas las partes involucradas.

Mientras la Iglesia organiza su metodología, resulta imprescindible que las fuerzas políticas con representación parlamentaria lleguen por sí solas a un acuerdo en el Congreso para la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional y los vocales de la Corte Nacional Electoral, sin cuyo funcionamiento transparente y alejado de las presiones partidarias no se pueden llevar a cabo los referendos y las consultas previstas para los próximos meses. Pero en paralelo tendría que encaminarse también un acuerdo del Gobierno con los sectores productivos para evitar que la desorganización de los mercados y la inflación lleven la ingobernabilidad hasta niveles peligrosos para la propia democracia.

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