EL ANÁLISIS

La Carta Magna que el país requiere

El Deber
Santa Cruz (Bolivia), 6 de octubre 2008

"... Nadie puede poner en duda que del tipo de acuerdo que se adopte respecto al futuro ordenamiento constitucional del país, dependerá esencialmente que dejemos atrás la convulsión para ingresar a un proceso de paz que le permita a la República avanzar y no estancarse (sigue)" (Editorial de El Deber. Bolivia)

"Si tenemos en cuenta las características que distinguen a Bolivia de buena parte de las naciones de América Latina, asumiremos enseguida la necesidad de una Carta Magna que en sus partes orgánica y desarrollada apunte a consolidar el Estado boliviano en el marco de la democracia representativa y participativa, así como en la "unión y solidaridad de todos los bolivianos", como muy bien lo señala la Constitución Política en vigencia, más allá de esa diversidad étnico-cultural que en estos tiempos acredita ya mero y anecdótico valor referencial.

No se garantiza la consolidación de un Estado Nacional cuando se quiere parcelar la fuente de la soberanía nacional, que es el pueblo, en función de la pertenencia racial-cultural. En Bolivia, constituyen esa fuente más de 9 millones de bolivianos, sin que interese para nada que sean indígenas, mestizos o criollos. Para todos ellos debe regir el principio de igualdad ante la ley.

Al Estado se lo empuja a un proceso de caos institucional si en una Carta Magna se altera a favor del Poder Ejecutivo los principios de independencia y coordinación de poderes, que es la base del Gobierno. Peor todavía si para tal fin se les sobrepone "superpoderes" a fin de que de la independencia pasen a la subordinación al Ejecutivo.

Actualmente, la democracia, a nivel universal, se caracteriza por una diversidad de sistemas de organización política, territorial y administrativa. Las autonomías regionales constituyen una de ellas. Rigen en Suiza y España, para sólo citar estos casos. El régimen federal, vigente en Estados Unidos, México, Brasil y otros países, corresponde a un sistema mucho más avanzado de descentralización en aquellos frentes. En ninguno de los dos casos se debilita o desaparece el Estado, con Gobierno a cargo de atribuciones de alcance nacional.

Lo que no puede hacerse es sobreponer autonomías indígenas y de otro tipo a las autonomías regionales, con la sola finalidad de debilitar o reducir al mínimo el espacio territorial, político y administrativo de estas últimas. Resulta innecesario, además, dar semejante paso, puesto que en la actual Ley Fundamental los indígenas pueden regirse a sí mismos en el marco del régimen municipal autónomo, que les basta y sobra para ello.

Esperamos que en el Gobierno se imponga la racionalidad. Es necesario que asuma la necesidad de convenir una Carta Magna que selle la unidad y afirme el Estado Nacional, en vez de activar el conflicto y la inestabilidad a plazo inmediato, en el caso de ser adoptada la que es motivo de aguda controversia nacional."

Editorial publicado en El DEber (Bolivia)