Zelaya aseguró el sábado que no acepta que se ponga en duda su presidencia.
Infolatam
Tegucigalpa, 1 de noviembre de 2009
El presidente depuesto Manuel Zelaya y el Gobierno de facto dirigido por Roberto Micheletti mantienen discrepancias sobre la ejecucion de los acuerdos a los que dieron su conformidad el viernes. Zelaya exige volver a la presidencia el proximo jueves mientras que desde el gobierno de Micheletti señalan que corresponde al Congreso decidir la fecha y acusan a Zelaya de "desestabilizar" el proceso electoral y "poner en precario" el pacto alcanzado para resolver la crisis política.
Fuentes de la negociacion señalaron a Infolatam como probable solución que el retorno de Zelaya tuviera lugar tras la celebración de las elecciones el 29 de noviembre para encabezar un gobierno en funciones hasta la constitucion de la nueva presidencia el 27 de enero.
El punto de la discordia volvió a ser el referente a la restitución en el poder del mandatario derrocado, que había bloqueado durante casi siete días las negociaciones hasta que esta semana una misión estadounidense y la Organización de Estados Americanos (OEA) lograron que las partes se pusiesen de acuerdo. El Acuerdo Tegucigalpa-San José establece que es el Congreso el que deberá resolver sobre si Zelaya regresa o no al poder.
El destituido gobernante aseguró el sábado que no acepta que se ponga en duda su presidencia, ya que fue electo por el pueblo, y que si el Legislativo vota en contra de su restauración no se ha hecho "absolutamente nada más que burlar a la comunidad internacional y burlar al pueblo hondureño con este acuerdo".
Sin embargo, el Gobierno de facto, en un documento sobre el tratado distribuido entre la prensa, afirma que "la restitución del señor Zelaya no es automática" puesto que "se requiere un voto favorable del Congreso" y que el pacto "no hace ningún tipo de recomendación sobre qué decisión debe tomar el Congreso".
El representante del depuesto presidente en la Comisión de Verificación del convenio que debe entrar en funciones este lunes, Jorge Reina, indicó que de no ser aprobada la restitución por el Congreso quedaría roto el acuerdo. Esta postura ya había sido insinuada el sábado por el propio Zelaya en una alocución radiofónica desde la embajada de Brasil en la capital hondureña. "Por supuesto que se habría roto y el Congreso daría un paso muy peligroso para el pueblo hondureño", afirmó Reina, embajador del Gobierno de Zelaya ante la ONU.
Además, el diplomático insistió en que, como había reclamado Zelaya, "se supone que el jueves debe estar todo definido", ya que en esa fecha debe estar conformado un "Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional", según el acuerdo, que no obstante no señala quién debe presidirlo.
Sobre este aspecto, el documento distribuido por el Gobierno de Micheletti afirma que "respecto a la intervención del Congreso Nacional en el tema de la restitución del señor Zelaya, (...) sólo contempla la fecha de hoy (por el viernes, día de la firma del tratado) para introducir la solicitud" ante el Legislativo.
En respuesta a la postura del destituido mandatario, la vicecanciller del Gobierno de facto, Martha Alvarado, lo acusó de querer "desestabilizar" las elecciones convocadas para el próximo 29 de noviembre y de estar "poniendo en (estado) precario el acuerdo".
El enviado a Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, reiteró el sábado en entrevista con Efe antes de partir hacia Washington que "el Congreso hondureño es soberano para tomar una determinación", si bien agregó que los diputados "saben muy bien lo que piensa la comunidad internacional".
Entretanto, ya quedó establecido quiénes conformarán la Comisión de Verificación, que debe entrar en funciones este lunes. Además de Reina por parte de Zelaya, el empresario y político Arturo Corrales será el representante del Gobierno de Micheletti, y la OEA anunció el envío del ex presidente chileno Ricardo Lagos y la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís.
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