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Tegucigalpa, 13 de agosto de 2009
El nuevo Gobierno de Honduras dijo que aplazó la visita de una misión de la OEA por seguridad ante las protestas de seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya, que continuaron sus marchas y denunciaron abusos contra manifestantes.
El Ejecutivo de Roberto Micheletti, designado por el Parlamento el 28 de junio, día en que los militares sacaron del país a Zelaya, aplazó la llegada el martes de la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en rechazo a la inclusión de su secretario general, José Miguel Insulza, a quien finalmente aceptó como observador.
La Cancillería hondureña aseguró en un comunicado que "la oportuna suspensión" de la visita "impidió que se registraran más actos de violencia" y "evitó poner en riesgo la seguridad de los cancilleres americanos" que conforman la misión. Aunque las protestas de los simpatizantes de Zelaya son diarias, las marchas celebradas el martes y el miércoles en Tegucigalpa fueron anunciadas con varios días de antelación, puesto que supusieron la culminación de varias caminatas que iniciaron miles de personas la semana pasada desde varios puntos del país.
Dirigentes del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado señalaron, incluso, que el Gobierno suspendió la visita para evitar que la misión de la OEA presenciara las movilizaciones. El Frente celebró una nueva marcha este jueves, que resultó pacífica luego de dos días de disturbios en Tegucigalpa en los que hubo decenas de detenidos y heridos, según fuentes policiales y de los movimientos sociales favorables a Zelaya.
En un alto en su recorrido, los manifestantes pidieron ante el Ministerio Público "la libertad inmediata" de las personas que fueron detenidas ayer en el centro de Tegucigalpa, donde la Policía disolvió violentamente una manifestación, indicó el dirigente campesino Rafael Alegría.
Dirigentes del movimiento se reunieron con el coordinador de la Fiscalía de Derechos Humanos, Germán Enamorado; la fiscal Sandra Ponce y otros funcionarios del Ministerio Público para presentarles su denuncia. Alegría dijo que el movimiento espera que la Fiscalía de Derechos Humanos informe sobre las violaciones de estas garantías que están cometiendo las fuerzas de seguridad desde que los militares derrocaron a Zelaya.
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