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Política      

Honduras: la Justicia hondureña respalda la acción de las Fuerzas Armadas contra Zelaya


Las Claves:
  • "El Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día de hoy estaba basado en una orden judicial... su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales" dice el comunicado.

Infolatam
Tegucigalpa, 28 de junio de 2009


El Poder Judicial de Honduras respaldó y la acción de las Fuerzas Armadas de detener y deportar al presidente, Manuel Zelaya, según un comunicado leído en medios de comunicación del país centroamericano.

"El Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día de hoy estaba basado en una orden judicial emitida por juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales", señala el comunicado. "Y debe desarrollarse -continúa- contra todo lo que ilegalmente se interponga para devolver al Estado de Honduras el imperio de la ley".

La escueta declaración indica que a petición del Ministerio Público, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo libró el pasado viernes una orden a las Fuerzas Armadas para que decomisara todo el material para la consulta popular promovida por Zelaya.

Esa orden no fue acatada por el poder Ejecutivo, por lo que el juzgado instruyó a los militares a que decomisaran todo el material de la consulta popular, en coordinación con fiscales del Ministerio Público. En ese sentido, la acción de las Fuerzas Armadas "se enmarca en ley", añade el comunicado.

En otro comunicado difundido por cadena nacional, el Tribunal Supremo Electoral aseguró que las elecciones generales de noviembre se celebrarán y tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas.

"Hemos recibido la garantía del acompañamiento de las Fuerzas Armadas para el libre ejercicio del sufragio. Habrá elecciones generales le 29 de noviembre de 2009 en cumplimiento de la Constitución", indicó el presidente del tribunal, Saúl Escobar.

El presidente fue detenido en su residencia, llevado a la base de la Fuerza Aérea y sacado del país en un vuelo a Costa Rica. La acción militar se produjo en una jornada en la que estaba prevista la realización de una consulta sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, que había sido declarada ilegal por la Justicia del país.

 
 

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