Honduras: la fiscalía entrega al Parlamento su informe sobre Zelaya

Zelaya permanece desde el 21 de septiembre pasado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.

Informe
Honduras busca al sucesor de Micheletti bajo la sombra de Zelaya

Las Claves:

• El portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, indicó que el informe contiene "un enfoque estrictamente jurídico, en el que se han considerado la Constitución y las leyes del país".
• El Parlamento decidirá sobre la restitución de Zelaya el 2 de diciembre.

Infolatam
Tegucigalpa, 25 de noviembre de 2009

El Ministerio Público de Honduras entregó al Congreso Nacional su opinión legal sobre si el depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, debe ser restituido o no en el poder, de cara a la sesión en la que los diputados debatirán sobre esta decisión el 2 de diciembre próximo.

El asesor jurídico del Ministerio Público, Nick Atala, entregó el documento en la secretaría del Congreso Nacional, que, de cuatro informes que solicitó, ya sólo tiene pendiente el de la Corte Suprema de Justicia sobre el asunto de Zelaya.

"Ha sido entregada la opinión legal del Ministerio Público, tal como lo solicitó el Congreso Nacional", dijo Atala, pero no dio detalles del contenido del documento porque, apuntó, primero debe conocerlo el Parlamento. Sin embargo, subrayó que "es un informe completo, de todo" lo actuado por el Ministerio Público en relación con procesos incoados contra Zelaya por delitos políticos y comunes.

El portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, indicó que el informe contiene "un enfoque estrictamente jurídico, en el que se han considerado la Constitución y las leyes del país". Anteriormente entregaron sus informes el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, y la Procuraduría General de la República.

El Parlamento decidirá sobre la restitución de Zelaya en cumplimiento del acuerdo firmado por comisiones de este y del presidente de facto, Roberto Micheletti, el 30 de octubre pasado con el fin de resolver la crisis política causada por el golpe de Estado del 28 de junio.

El Ministerio Público procesó a Zelaya por impulsar una consulta, que iba a celebrarse el 28 de junio, para promover una Asamblea Constituyente y que había sido declarada ilegal por varios órganos del Estado.

Según el régimen de facto, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de un mandato judicial derivado de ese proceso del Ministerio Público, por el cual tiene orden de captura. Ya derrocado Zelaya, un tribunal de justicia libró otra orden de captura contra él, en este caso, según el Ministerio Público, por la emisión ilegal de un decreto para la contratación de publicidad.

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