EL ANÁLISIS

Evitar una escalada en el conflicto agrario

Clarin
Buenos Aires, 25 de marzo 2008

"La protesta agraria ha derivado hacia un peligroso nivel de enfrentamiento, especialmente después de la improcedente decisión de los camioneros de presionar sobre los manifestantes. El Estado debe intervenir para evitar enfrentamientos y canalizar el conflicto. Los involucrados en la disputa deben disponerse a negociar". (Clarín. Argentina)

"La movilización de las entidades agropecuarias sobre las rutas ha derivado en una creciente politización y tensión que se agravó con la improcedente intervención del gremio de camioneros. En este contexto ha sido notable la ausencia del poder estatal en el control del conflicto, actitud que debe revertirse para evitar consecuencias penosas.

... Los ciudadanos, sea cual fuere su posición social, tienen el derecho de protestar y de reclamar a las autoridades. Pero ese ejercicio debe realizarse dentro de los parámetros que establecen las leyes, y teniendo en cuenta los derechos de los demás ciudadanos.

Los cortes de ruta, o las acciones que provocan demoras en el tránsito, sea cual fuere su protagonista, provocan molestias y perjuicios económicos a personas y empresas que no tienen vinculación con el conflicto. Una de esas consecuencias es el incipiente desabastecimiento de productos que, además de una ocasional molestia, puede tener indeseables efectos inflacionarios.

La acción de los manifestantes en las rutas ha causado algunas situaciones de tensión que, afortunadamente, hasta el momento, no han pasado a mayores. Pero el cuadro se agravó en los últimos días con la decisión del sindicato de camioneros de hacer contramanifestaciones y amenazar con abrir paso por la fuerza para los camiones detenidos en los cortes.

... El Estado ha observado pasivamente el desarrollo de los acontecimientos, permitido las manifestaciones ruteras y, más recientemente, guardado silencio ante la presión de un grupo gremial que, en más de una vez, actuó como instrumento de presión oficial.

De este modo admitió y virtualmente legitimó una dinámica de enfrentamiento sectorial por encima del imperio de las instituciones que regulan las relaciones entre ciudadanos y organizaciones y entre éstas y el Estado. Esta situación es inadmisible y especialmente riesgosa en un país con una cultura de menosprecio por la ley y las instituciones.

El Estado, a través de las autoridades nacionales y provinciales, debe intervenir para garantizar el libre tránsito y el orden y, en forma urgente, desalentar la ofensiva camionera. Es de esperar que la razón y la decisión de encauzar el conflicto por la vía institucional prevalezcan, para evitar una escalada del conflicto.

Esta alternativa sólo puede beneficiar a los intolerantes o a los que esperan obtener beneficios políticos a través de una profundización de la crisis."

Extractos del editorial publicado en Clarin (Argentina)