Es la economía, es la política pero... ¿y las reglas del juego? ( 1 )

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Infolatam
Sao Paulo 18 de marzo 2006

El escenario político brasileño presenta tendencias marcadamente contradictorias. Las perspectivas electorales han adquirido contornos más precisos y previsibles pero las reglas del juego político, sobretodo la relación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial pasan por sucesivos "test de stress".

El escenario político brasileño presenta tendencias marcadamente contradictorias. Por un lado, las perspectivas electorales han adquirido contornos más precisos y previsibles. La elección del gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin como candidato a la presidencia por el principal partido de la oposición, el PSDB, confirma un cuadro de bajo riesgo político ? tal como lo entiende el mercado financiero y el empresariado- .

El riesgo electoral está en función de las políticas macro-económicas populistas que amenazan la solvencia fiscal y la estabilidad monetaria. De hecho, el compromiso con la disciplina fiscal y monetaria será factor de convergencia, y no de disputa electoral, entre el Presidente Lula y su principal adversario.

La legitimidad de las reglas del juego político, sobretodo la relación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pasa por sucesivos "test de stress" que apuntan a un fuerte aumento del riesgo institucional ante el que el mercado financiero y el gran electorado continua indiferente. En cambio, otros sectores informados de la opinión pública, la clase política y la prensa emiten señales de alerta. ¿Estaremos ante una percepción unilateral y restrictiva de qué es el riesgo político?

Algunos síntomas de stress entre el Legislativo y los tribunales superiores y el papel del Ejecutivo ayudan a entender el cuadro: la deformación del derecho de cualquier ciudadano sub-judice a guardar silencio ante la posibilidad de auto incriminación; la proliferación y consiguiente banalización de los habeas-corpus, como los concedidos por el Supremo Tribunal Federal (STF) a los investigados por las Comisiones Parlamentarias encargadas de indagar las redes de redistribución ilegal de recursos públicos para fines electorales y/o para la formación de mayorías en el Legislativo.

También la intervención del Ejecutivo que culminó la semana pasada con la conducta despectiva del responsable de la campaña electoral del Presidente Lula en el 2002, cuyas cuentas en el exterior evidenciaban transferencias ilegales millonarias. En la misma línea, uno de los jueces del STF dictaminó a favor de la interrupción de una declaración que incriminaría al Ministro de Hacienda, Antonio Palocci, en una de las Comisiones de Investigación. Ese episodio, coordinado por el Presidente Lula, fue seguido de la quiebra ilegal e inexplicada del secreto bancario del testigo, cuya declaración había sido interrumpida (aunque tarde).

El testigo era poseedor de una cuenta modesta en uno de los grandes bancos públicos federales dependientes del Ministerio de Hacienda. El resultado, contraproducente, fue el fin del "blindaje" del Ministro Palocci por los partidos de la oposición ejercido hasta entonces en nombre de la "responsabilidad macroeconómica". El Ejecutivo deberá explicar ahora el acceso ilegal a las cuentas del declarante.

Tan importante como la polémica entre juristas en torno a la interpretación de estos hechos es la incertidumbre institucional y la erosión de la legitimidad de los Tribunales Superiores por su extremada politización y por ponerse al servicio del Ejecutivo. Habrá que profundizar en todo esto para explicar la posible existencia de un cálculo electoral espurio subyacente en las decisiones del Presidente del STF, Nelson Jobim, y del Superior Tribunal de Justicia, Nelson Vidigal, ambos candidatos por el PMDB, el primero para eventual Vicepresidente con Lula y el segundo para gobernador del estado de Maranhão.

Esos episodios sugieren una desinstitucionalización típica del hiper presidencialismo, que busca construir una relación directa con los sectores desorganizados de la sociedad, con el agravante, en relación a Chávez, de que Lula cuenta con los movimientos sociales y un partido organizado. De hecho, disciplinadamente, el PT retiró las críticas a la política económica de Palocci, en un documento oficial.