
Washington, 27 diciembre 2009
"...Pero ciertamente, no es mucho lo que se puede lograr si continuan las sanciones y la presión contra el gobierno de Honduras para reinstalar al presidente Zelaya o para que tomen cualquier otra medida para reparar el golpe. Castigar a Honduras no hará mucho para prevenir un golpe en Paraguay o en cualquier otra parte.
Afortunadamente, sin embargo, los gobiernos en las Américas raramente son derrocados por fuerzas militares. Los golpes son pocos y esporádicos. Los peligros más grandes para las normas democraticas provienen hoy de líderes elegidos, que sobrepasan su legítima autoridad -concentrando poder, coartando la actividad politica de la oposición, amordazando a la prensa, y corto-circuitando los procesos constitucionales. Hasta ahora, los Estados Unidos y otros gobiernos democráticos no han encontrado una respuesta minimamente eficaz a estos peligros."
El golpe militar que expulsó en Honduras al presidente Manuel Zelaya sigue planteando dos desafíos diferentes a Estados Unidos y a otros países del hemisferio.
El primero es ayudar a resolver la crisis política de Honduras restaurando un gobierno democrático legítimo en este país. Esto supone terminar con la situación de paria de Honduras, regional e internacionalmente, y permitir que el país reanude las relaciones comerciales y diplomáticas normales con otras naciones.
El segundo es dejar claro que la salida forzada de un presidente elegido es inaceptable en este hemisferio - y que la OEA y sus países miembros están listos colectiva y fuertemente para responder no sólo a los golpes de estado sino tambien a otras rupturas de las reglas democráticas.
No es de extrañar que estos dos objetivos comenzasen a entremezclarse inmediatamente despues del golpe. Ambos, parecía, podrían haberse alcanzado de un solo soplo si cada país del hemisferio hubiera hecho un esfuerzo para invertir la acción militar y reponer al legítimo, elegido presidente en su puesto. Cada país hizo jutamente eso; cada nación miembro de la OEA condenó la expulsión de presidente Zelaya y exigió su vuelta inmediata.
Pero el gobierno de facto que asumió el control se opuso a esta demanda y rechazó incluso considerar la reposición del presidente depuesto. El golpe no fue revertido. El nuevo gobierno resistió las presiones diplomáticas de Washington y de otros gobiernos, una gama de sanciones económicas bilaterales y multilaterales, y la suspensión del país de la OEA. En una serie de negociaciones, no hizo ninguna concesión significativa.
Hace ahora casi cuatro semanas que el candidato Porfirio Lobo, del Partido Nacional, apareció como el claro ganador de las elecciones presidenciales de Honduras, que fueron convocadas antes del golpe y que han sido ampliamente (aunque no universalmente) vistas como libres y justas, con una participacion suficiente como para hacerlas creibles. El tiempo ha venido a desenredar los dos objetivos de la intervención internacional en Honduras: el primero restaurando un gobierno normal y democratico en el país y el segundo demostrando una disposición a defender la democracia en el resto de las naciones del hemisferio- lo ha logrado por caminos separados.
Aunque pueda tener todavía un cierto valor simbólico, reponer al depuesto presidente Zelaya, no supondría ningún avance para ambos objetivos en este momento. Por el contrario, cualquier esfuerzo para hacerlo aumentará la tensión política en Honduras y probablemente hará la transición a un nuevo gobierno más dura. Por otra parte, incluso si pudiera llevarse a cabo, la vuelta de Zelaya al poder en estos última días, sería considerada probablemente más como un gesto vacío que como un compromiso hemisférico con la democracia.
Idealmente, los gobiernos de las Américas y de otros lugares deben aceptar el resultado de las elecciones en Honduras y reconocer a Porfirio Lobo como presidente del país cuanto tome posesión el 27 de enero. Cuantos más países reconozcan la legitimidad de la elección de Lobo y cuanto más deprisa lo hagan, más rápido y más fácil resultará para el nuevo gobierno de Honduras ocuparse de las tensiones políticas profundas del país y restablecer su deteriorada economía. Incluso esos países que están poco dispuestos a reconocer al nuevo gobierno, deben considerar poner fin a las sanciones diplomáticas y económicas, que probablemente prolongarán los problemas de Honduras.
Los E.E.U.U. han aceptado las elecciones y reconocen a Lobo como ganador, pero -como condición para la plena normalización- está invitando a Honduras a cumplir con otros elementos de los acuerdos de San Jose/Tegucigalpa, incluyendo la creación de una comisión de la verdad que investigaría y aclararía los acontecimientos que rodean el golpe del 28 de junio y sus consecuencias, y el establecimiento de un gobierno de Unidad Nacional. Dadas las amargas divisiones en la sociedad de Honduras, hay razones para presionar al país para lograr estas medidas, pero hay también argumentos para dejar que los líderes de Honduras recientemente elegidos decidan estos temas por sí mismos. Los hondureños pueden arreglar sus problemas sin la supervisión externa.
El segundo desafío - la defensa de la democracia en cualquier parte del hemisferio contra los golpes y otras violaciones- es más complejo y mucho mas difícil de abordar. Aunque las tensiones ideológicas profundas entre las naciones del hemisferio sean un serio impedimento para la acción colectiva frente a cualquier problema, la cooperación ante problemas políticos como la democracia y los derechos humanos es especialmente necesaria. Los mecanismos regionales existentes - incluyendo la OEA y la Carta Inter-Americana - seguramente no serán suficientes y su reforma- no importa cuán necesaria- será difícil en las circunstancias actuales.
Pero ciertamente, no es mucho lo que se puede lograr si continuan las sanciones y la presión contra el gobierno de Honduras para reinstalar al presidente Zelaya o para que tomen cualquier otra medida para reparar el golpe. Castigar a Honduras no hará mucho para prevenir un golpe en Paraguay o en cualquier otra parte. Afortunadamente, sin embargo, los gobiernos en las Américas raramente son derrocados por fuerzas militares. Los golpes hoy son pocos y esporádicos. Los peligros más grandes para las normas democraticas provienen hoy de líderes elegidos, que sobrepasan su legítima autoridad -concentrando poder, coartando la actividad politica de la oposición, amordazando a la prensa, y corto-circuitando los procesos constitucionales. Hasta ahora, los Estados Unidos y otros gobiernos democráticos no han encontrado una respuesta minimamente eficaz a estos peligros.
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