Ecuador: tensión Gobierno y petroleras por incautación de ganancias

El procurador general de Ecuador, Xavier Garaicoa, ratificó la legalidad del decreto firmado por el presidente Rafael Correa

Las Claves:

• Ecuador es el quinto productor de crudo de Suramérica, con unos 500.000 barriles diarios.
• El gobierno espera obtener más de 800 millones de dólares anuales adicionales del petróleo.
• En un máximo de 90 días se presentará una auditoría a los contratos con las petroleras.
• La extracción del crudo es la fuente de financiación de alrededor del 35 por ciento del presupuesto del Estado.

Infolatam
Quito, 8 de octubre 2007

Las cinco compañías petroleras que no acudieron hoy a una cita con el Gobierno de Ecuador para renegociar sus contratos, esperan disposiciones de sus matrices en el extranjero para abrir las conversaciones, informó el Ministerio de Minas y Petróleo.

La cita estaba programada desde antes de que el gobierno adoptase, el pasado jueves, la medida de quedarse con el 99 por ciento de los beneficios extraordinarios del crudo, de los que solo el 1 por ciento iría a las empresas. El ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, dijo a los periodistas que las compañías concesionarias Repsol-YPF, Petrobras, Andes Petroleum, Perenco y City Oriente le señalaron que no acudían debido a que tenían que consultar con sus oficinas centrales las posturas que llevarán a la reunión.

Tras la suspensión del encuentro, Chiriboga dijo que el gobierno hará una auditoría a las compañías concesionarias de explotaciones petroleras sobre el cumplimiento de sus contratos con el Estado ecuatoriano, que fuentes del ministerio aseguraron que estará lista antes de tres meses. Esta medida, apostilló el ministro, "no será una cacería de brujas", sino que servirá al gobierno para saber cuál es la situación exacta de la industria petrolera en Ecuador.

La medida del jueves pasado no supone, según Chiriboga, un incumplimiento de contrato, sino que con ella el gobierno ha cubierto una "omisión contractual" que beneficiaba solo a las empresas. Fuentes de las petrolera brasileña Petrobras y de la hispano-argentina Repsol YPF dijeron a Efe, tras la suspensión del encuentro, que no tenían nada que comentar.

En la actualidad, 18 compañías internacionales forman parte de las Asociación de Industrias Hidrocarburíferas de Ecuador, de las que la mitad tienen concesiones para la explotación de crudo en la Amazonía ecuatoriana y el resto ofrecen servicios petroleros. Con la medida adoptada la semana pasada, el ministro Chiriboga ha señalado que el Estado espera obtener más de 800 millones de dólares anuales adicionales del petróleo. Hoy, el procurador general de Ecuador, Xavier Garaicoa, ratificó la legalidad del decreto firmado por el presidente Rafael Correa, el jueves pasado, por el que establecía que el 99 por ciento del los beneficios extraordinarios, adicionales a los señalados en los contratos originales, son para el Estado.

Garaicoa descartó que la medida suponga una confiscación, como apuntaron asesores de las petroleras, y, por contra, dijo que algunas empresas adeudan al Estado parte de los pagos del anterior reparto de beneficios extraordinarios, que se estableció por ley el año pasado en mitad para las petroleras y mitad para el Estado.

Según informó el diario El Universo, de Quito, las compañías petroleras debían haber abonado al Estado, desde abril del año pasado hasta este mes de octubre, 751 millones de dólares por el reparto al 50 por ciento de los beneficios extraordinarios. El periódico señala que, hasta el miércoles de la semana pasada, las empresas habían pagado por ese concepto 494 millones, por lo que mantendrían una deuda de 257 millones con el Estado.

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