Correa criticó a quienes se quejaron de la modificación en el reparto de las ganancias extraordinarias a las petroleras.
Infolatam
Quito, 22 de agosto de 2008
El presidente Rafael Correa señaló que aspira a que los contratos que mantienen las empresas petroleras privadas con el Estado hayan migrado dentro de un año de la modalidad de participación a la de prestación de servicios.
Las negociaciones para el cambio de modalidad han dado resultados iniciales con las empresas Petrobras (Brasil), Andes Petróleum (China) y Repsol (hispano-argentina) que, en diferentes procesos, han aceptado migrar de contrato.
Correa declaró hoy a la radio La Luna que aún faltan reuniones sobre el tema con la petrolera francesa Perenco, aunque dijo suponer "que no se va a negar" al cambio de contrato, aunque el pasado 31 de julio el Estado anunció el inicio de un proceso para dar por concluido el contrato de participación en la extracción de crudo de campos de producción en la Amazonia con esa empresa.
Esa decisión fue anunciada por el ministro ecuatoriano de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, tras participar en una ceremonia para la firma de un "acta de finiquito", que da por terminado, de mutuo acuerdo, otro contrato petrolero con la estadounidense City Oriente.
Correa recordó hoy que al no aceptar City Oriente el cambio de contrato, se llegó a un acuerdo para que esta salga del país.
Con base en esa experiencia, las compañías ya saben: "Si no aceptan las reglas de juego del Estado, nosotros no es que estamos negociando, ni rogando, ni pidiendo de caridad lo que es nuestro, nuestro petróleo", dijo Correa.
El mandatario señaló que hasta ahora en las negociaciones con las compañÍas petroleras al Estado le "ha ido maravillosamente bien" y en un año tendrán solo contratos de prestación de servicios. Explicó que con esa modalidad se pedirá a las empresas que fijen el precio de extracción de barril de crudo, pero el resto le corresponde al Estado por ser el petróleo de su propiedad.
Correa criticó a quienes se quejaron de la modificación en el reparto de las ganancias extraordinarias a las petroleras que, tras haberse fijado inicialmente en 50-50, se cambió a un 99-1, en favor del fisco y consideró que pese a las quejas de las empresas, ninguna perdió inversiones.
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