Los partidarios de Rafael Correa controlan 80 de los 120 escaños de la Constituyente

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Ecuador: Correa impone el rodillo en la Asamblea Constituyente

Los partidarios de Rafael Correa controlan 80 de los 120 escaños de la Constituyente

El Análisis de Infolatam:

Simon Pachano
Los tiempos de Correa

Las claves:

Los partidarios de Correa controlan 80 de los 120 escaños de la Constituyente
Las inundaciones anegan un 25% del país
La Niña afecta ya a 3.500.000 personas y provoca 200 millones de dólares en pérdidas

Infolatam
Quito, 29 de febrero de 2008

La Asamblea Constitucional comenzó a debatir la futura Carta Magna en medio de la grave crisis humanitaria que vive el país por las inundaciones que afectan a más de 3 millones de personas debido al fenómeno de La Niña. Los partidarios de Rafael Correa han impuesto su mayoría a la hora de redactar la constitución.

Mañana se cumplen tres meses desde que quedó instalada la Asamblea Constituyente. Pero sólo fue este pasado miércoles cuando comenzaron los debates sobre la futura Carta Magna, ya que la mayoría oficialista decidió ayer iniciar el debate constitucional.

El oficialismo, la alianza Acuerdo País del Presidente Rafael Correa, utilizó su amplia mayoría (80 de los 120 escaños) para fijar los temas y la orientación del proyecto de Constitución. Según el diario El Comercio "la creación de una Corte Constitucional como función del Estado o la integración de un Consejo Popular de Control Social son dos de los temas que perfilan el modelo constitucional que desea empujar la lista 35". Las últimas sesiones han servido para que la oposición critique al oficialismo la falta de consenso en torno al "esqueleto" de la futura constitución.

En estos tres meses la Asamblea se ha dedicado a legislar y no a elaborar la constitución expidiendo "mandatos" que han permitido a Rafael Correa cambiar al Superintendente de Bancos, al Fiscal y cerrar el Congreso. También la Asamblea ha sido escenario de tres escándalos: la expulsión del líder del PRIAN, Álvaro Noboa, por no presentar su declaración de bienes, la críticas al presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, hombre cercano a Correa, por gestionar recursos para Montecristi y la denuncia del gobierno de presunto intento de comprar legisladores por parte de la oposición.

Mientas la atención del país está puesta en la tragedia que vive Ecuador debido al fenómeno de La Niña. Correa llamó a emprender una "cruzada nacional" de solidaridad con los damnificados por las inundaciones ya que afectan a la cuarta parte de la población y al 25% del país. Correa dijo que, "para enfrentar un desastre de la magnitud que hoy se nos ha presentado" se necesita del apoyo de toda la población. El fenómeno de La Niña ha afectado a casi 300 mil familias en 13 provincias, seis de la costa y siete de la sierra. El gobierno de Correa ha declarado la emergencia nacional por las inundaciones.

Correa anunció ayer la pronta finalización de la renegociación de contratos con cinco compañías petroleras que tienen acuerdos de participación con el Estado ecuatoriano que el Gobierno quiere pasar a la modalidad de servicios. Correa destacó que su gobierno ha demostrado que se pueden defender los recursos naturales "y obligar que sean no para el beneficio de unos cuantos, sino para el beneficio de todos los ecuatorianos".

España, Chile y Estados Unidos han mandado ayuda al país y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo realizó dos envíos de ayuda humanitaria para atender a los cerca de 3,5 millones de personas afectadas por las inundaciones en Ecuador. El Gobierno de Perú dará 10 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por las lluvias y la erupción del volcán Tungurahua.

El mes pasado el Gobierno de Ecuador intensificó la renegociación de contratos con cinco de las multinacionales petroleras que operan en la Amazonia ecuatoriana con la creación de mesas de trabajo para discutir las condiciones. La idea del Gobierno es pasar los contratos de participación que esas empresas tienen a contratos de servicios al Estado. Correa aseguró que si no hay acuerdo, las petroleras tendrán que seguir cumpliendo el decreto que emitió en octubre pasado por el que el 99% de los beneficios extraordinarios por el aumento del precio del crudo son para el Estado y el uno por ciento para las compañías.