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Quito, 20 de mayo de 2008
La Asamblea Constituyente de Ecuador trabaja a marchas forzadas para terminar la Constitución el próximo 29 de julio. Rafael Correa se reunió el lunes con los diputados de su partido para perfilar el tramo final de la Constituyente y los indígenas han anunciado movilizaciones contra la nueva carta magna.
Rafael Correa discutió con los asambleístas de Acuerdo País, los nuevos cronogramas para la entrega de la Constitución así como aspectos relacionados a la Función Judicial. El oficialismo quiere agilizar el trabajo para alcanzar a entregar la constitución antes del 29 de julio.
La nueva constitución contiene una estructura que se divide en relaciones internacionales, el régimen de desarrollo, el territorio y los niveles de gobierno, la organización del poder, las garantías constitucionales y los principios fundamentales. Según la propuesta del oficialismo, la nueva Constitución tendrá un total de cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Jurisdiccional, de Control Social y la Corte Constitucional. Por el momento, no se descarta que como función del Estado, el tema jurisdiccional sea una parte de la Corte Constitucional.
En el índice inicial aprobado por el bloque mayoritario de Acuerdo País se plantea también que los registradores de la propiedad sean parte de la Función Jurisdiccional. De igual manera, ese esqueleto proponía cómo ir hacia la creación de una Policía Civil Nacional, que reemplace a la actual organización interna de la Policía Nacional .
Esa es una de las secciones dentro de la función de Control Social planteadas por el oficialismo para la nueva Constitución Política, estará en el capítulo de participación ciudadana. En el complejo Ciudad Alfaro no se descarta que sea la instancia quien nombre autoridades como el Fiscal General o el Contralor.
La futura constitución ha provocado malestar en las organizaciones indígenas. La principal, la Conaie, se declaró en oposición al ejecutivo y prepara un levantamiento para forzar al gobierno a concederle a las comunidades el derecho a decidir sobre la explotación de petróleo y minerales en sus territorios.
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