
Madrid, 28 de junio 2007
Infolatam
(Especial para Infolatam) .- La responsabilidad de la muerte -conocida el jueves 28 de junio- de once de los doce diputados del Valle secuestrados por las FARC desde 2002 debe recaer en primer lugar sobre sus secuestradores, únicos responsables de que los ahora muertos estuvieran en el lugar en que fueron abatidos en ese preciso día y hora. Mas una vez aclarado eso, hay algunas incógnitas que conviene esclarecer con urgencia.
El comunicado de las FARC no decía que el enfrentamiento en que perdieron la vida los legisladores fuera con el Ejército, sino con "un grupo militar sin identificar hasta el momento". De esa definición pueden desprenderse hasta cuatro alternativas: A) Eran fuerzas regulares del Ejército, pero no pudieron identificarlas por las condiciones climatológicas o de luz en las que se produjera el choque. B) Eran paramilitares. C) Era una combinación de Ejército y paramilitares. D) Era una fuerza extranjera -francesa, norteamericana, mercenaria al servicio de algún gobierno extranjero.
Sea cual fuere, la situación no puede ser peor para el presidente Uribe. A la gravedad de tener once nuevos cadáveres sobre la mesa, hay que añadir las implicaciones de cómo se produjeron esas muertes. Y las cuatro alternativas mencionadas implican unas consecuencias a cada cual peor.
Así, ante cada una de las opciones habría que decir: A) ¿Para qué envía el presidente en esa misión al Ejército semanas después de liberar a Granda para que facilite la liberación de los secuestrados? B) ¿No garantizó semanas atrás el presidente Uribe que los paramilitares estaban desarmados? C) No será verdad que ese tipo de colusión siga produciéndose. Máxime si los paras ya han sido desarmados. D) No será posible que Sarkozy -el promotor de la liberación de Granda- siga las prácticas de su predecesor De Villepin y envíe fuerzas francesas a hacer expediciones en territorios extranjeros de países amigos sin contar con el Gobierno de esos países. Y Uribe sin enterarse...
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