Ospina cree que la protección y de colaboración de Nicaragua con las FARC "es supremamente grave para Colombia".
Infolatam
Bogotá, 24 de julio de 2008
El Gobierno colombiano considera necesario que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, haga que Nicaragua cumpla con sus obligaciones internacionales sobre el terrorismo. La supuesta presencia de las FARC en Managua se sumó a las pruebas de una denuncia contra Nicaragua que Colombia presentará este jueves en el Consejo Permanente de la organización.
El embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, sostuvo que Insulza deberá intervenir ante la situación creada por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, con sus frecuentes declaraciones en favor de las FARC, que a finales de junio pasado le pidieron que fuera su interlocutor.
El Gobierno nicaragüense "asume una posición de protección y de colaboración con las FARC que es supremamente grave para Colombia", añadió Ospina al aludir a una versión que publica el diario La Prensa, de Managua, sobre el supuesto viaje de una comisión guerrillera a Nicaragua para asistir, el pasado día 19, al aniversario de la Revolución Sandinista.
Según el matutino, la misión estuvo conformada por seis guerrilleros y viajó a Nicaragua en una avión venezolano, que identifica, citando fuentes colombianas, como perteneciente a la petrolera estatal PDVSA.
"Dejamos abierta la necesidad de que la Secretaría General de la OEA intervenga para revisar qué es lo que está pasando con Nicaragua y cuál es el alcance de las violaciones del derecho internacional de ese país", dijo Ospina en declaraciones a la cadena bogotana Caracol Radio, que lo contactó por teléfono en Washington.
Tal como hizo ayer, antes de conocerse la información de La Prensa, Ospina ratificó que mañana, jueves, denunciará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) "las persistentes violaciones del Gobierno nicaragüense a las normas y principios del Derecho Internacional y a los compromisos internacionales en la lucha contra el terrorismo".
La representación colombiana conforma un expediente con una "suma de quejas" y acopia una "serie de pruebas" con destino a una autoridad internacional para dejar constancia" de lo que ha sucedido y, eventualmente, "proceder internacionalmente", dijo el diplomático. La acción internacional, precisó Ospina, puede ser de demanda al Estado nicaragüense o de "persecución jurídica de aquellos que están involucrados a título personal en el tema".
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