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Bogotá, 17 de julio de 2007
La mitad de Colombia está en manos de paramiliares y narcotraficantes, según públicó ayer el diario El Tiempo. Estos datos coinciden con las últimas encuestas que muestran una fuerte caída en la popularidad de Álvaro Uribe debido a que su política de mano dura con las FARC ha perdido fuerza tras la masacre de los 11 diputados y a que a una parte de la población no está satisfecha con la política que sigue con respecto a los "paras".
El diario El Tiempo informaba ayer de que en 16 de los 32 departamentos de Colombia se ha detectado la aparición de grupos paramilitares emergentes, a cuatro años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las autodefensas. El diario de la capital recuerda incluso que la OEA, en su último informe, advirtió de que el país está en riesgo de caer "en una profundización de la influencia del paramilitarismo asociada al narcotráfico".
Todo indica que los dos principales capos de la droga, Wílber Varela y Diego Montoya, líderes del llamado cartel del Valle, son los responsable de esta expansión. Se trata de unos 20 grupos que reúnen a más de 3.000 "integrantes en todo el país y no están conectadas entre sí y que se encuentran ubicadas en zonas de cultivos ilícitos y corredores de movilidad de coca".
Estos grupos controlan las zonas estratégicas para conducir la droga hasta las costas del Atlántico y el Pacífico. El Gobierno niega que se trate de una nueva generación del paramilitarismo, aunque las crifras indican que los grupos emergentes se nutren de antiguos miembros paras desmovilizados. Precisamente ayer Diego Murillo Bejarano (alias don Berna o Adolfo Paz) comenzó su versión libre ante la justicia colombiana como parte del proceso de Justicia y Paz. Sobre él recaen 3 mil denuncias.
Estos datos coinciden con el peor momento político y de popularidad de Álvaro Uribe desde que asumió la presidencia en 2002. La imagen presidencial ha sufrido un fuerte desgaste aunque sigue contando con altas cotas de respaldo: su imagen favorable disminuyó nueve puntos al pasar de 75%, en abril, a 66%, en julio. Esta caída se ha debido a la lenta marcha del proceso que se sigue a los paramilitares y a la paralización del TLC con los Estados Unidos.
A esto se ha unido la persistencia de la inflación y el desempleo pese al alto crecimiento económico, y sobre todo la masacre de los 11 diputados por parte de las FARC que ha provocado dudas con respecto a la política presidencial con respecto a la guerrilla.
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