Valencia Cossio hizo la acusación y presentó documentos
Infolatam
Bogotá, 29 de agosto de 2008
El ministro del Interior y Justicia de Colombia, Fabio Valencia Cossio, acusó a los senadores opositores Piedad Córdoba y Gustavo Petro de pagar testigos para acusar al presidente Álvaro Uribe de matanzas cometidas por paramilitares de derecha.
Según informaron canales de televisión y radio, Valencia Cossio hizo la acusación y presentó documentos que presuntamente la avalan en el curso de un debate sobre la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo que concluyó a primeras horas de ayer.
El ministro afirmó que, según un testigo, Petro pagó de su cuenta bancaria a personas que acusaron al mandatario de estar relacionado con la matanza de quince campesinos ocurrida en 1997 en El Aro, localidad del departamento de Antioquia, del que Uribe era gobernador. El ministro dijo que un testigo, al que identificó como el ex paramilitar Libardo Duarte, declaró en abril pasado que los senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba "le ofrecieron dinero a cambio de involucrar al presidente de la República en la comisión de la masacre de El Aro".
"Este dinero era pretendiendo que fuera al Congreso y manifestara cosas no ciertas del señor Presidente y debido a esto es que deseo aclarar la verdad ante la comunidad nacional e internacional", manifestó Duarte según la declaración presentada por el ministro.
Petro pertenece al grupo de izquierda Polo Democrático y Córdoba, al Partido Liberal, sectores de oposición al Gobierno de Uribe. En el mismo debate, Petro afirmó que el ministro está "inhabilitado" a impulsar el proyecto de reforma judicial, ya que su hermano, Guillermo León Valencia Cossio, fue destituido hace dos semanas de un cargo en la Fiscalía, luego de conocerse grabaciones sobre conversaciones telefónicas con personas allegadas a narcotraficantes. Según el senador Petro, la Fiscalía está infiltrada por "el poder mafioso" en varias regiones y los puestos se reparten a políticos.
Por su lado, la senadora Piedad Córdoba, que medió el año pasado junto con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para la liberación de rehenes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), rechazó las declaraciones del ministro. Afirmó que el Gobierno intenta desviar la atención del escándalo desatado por la detención de una treintena de políticos oficialistas por nexos con paramilitares. "Independientemente de mi postura política y de contradicción, yo sería incapaz de hacer una cosa de esas", declaró la legisladora y agregó que no tiene dinero para pagar a testigos.
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