Política

Colombia: Los escándalos rodean a Uribe y alcanzan a su entorno

El escándalo de la parapolítica ya ha alcanzado al vicepresidente y al Ministro de Defensa del gobierno de Uribe.

El Análisis de Infolatam:

Alfonso Cuéllar
Un frenesí de escándalos

Las claves:

El vicepresidente y el ministro de Defensa admiten reuniones con líderes paramilitares, hace diez años, en misiones humanitarias o en busca de acuerdos de paz.
El vicepresidente de Colombia pide investigar la acusación que le hizo Mancuso.
11 generales han sido pasados a retiro por realizar escuchas ilegales a funcionarios, periodistas y figuras de la oposición.

Infolatam
Bogotá, 17 de mayo de 2007

Uribe defendió al vicepresidente y al ministro de defensa, acusados por Mancuso, jefe de los paramilitares, de reunirse en varias ocasiones con ellos y apoyar la labor de los paras y de planear un golpe de Estado en 1997 respectivamente. Además, la cúpula policial ha sido descabezada.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, salió ayer en defensa de su vicepresidente, Francisco Santos y del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, acusados por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso de tener nexos con la organización paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

El Jefe de Estado colombiano aseguró que "creo plenamente en la entidad, en la contextura moral del vicepresidente de la República y de mis compañeros de gobierno". Uribe afirmó en una entrevista con la cadena bogotana Caracol Radio que ni el vicepresidente Santos ni el primo de éste, el ministro Santos, han negado que en el pasado mantuvieron reuniones con la organización paramilitar AUC. Pero dijo que los motivos han sido ya aclarados por ambos y que sus contactos no estuvieron relacionados con conspiraciones contra la legalidad ni para adherise a las acciones represivas de los "paras".

Según Mancuso, el propósito del ahora ministro de Defensa y de quienes le acompañaron era dar un golpe de estado y apartar del poder al entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998), que gobernó en medio de una crisis institucional desatada por denuncias de que financió su elección con dinero del cártel de la cocaína de Cali. Por su parte, el vicepresidente Santos se reunió cuatro veces con las AUC y en una de estas entrevistas les propuso a los paramilitares que crearan en un bloque ultraderechista en Bogotá.

Mancuso realizó el martes sus acusaciones durante su testificación ante la fiscalía. La diligencia forma parte de la aplicación de la llamada Ley de Justicia y Paz, promovida por el gobierno con vistas a la desmovilización de las AUC, que de finales de 2003 a mediados de 2006 desarmaron a más de 31.000 efectivos, dentro de un proceso de paz con el Ejecutivo.

Además, el gobierno de Uribe se enfrenta a un escándalo por las escuchas ilegales a periodistas y políticos realizadas por la Policía. Este hecho provocó que el lunes fuera descabezada la cúpula de la policía colombiana. El Ministro de Defensa destituyó a 11 altos mandos, entre ellos al director de la policía, el general Jorge Daniel Castro. Su sustituto será al general Oscar Naranjo, actual jefe de la Dirección de Policía Judicial e Investigación (DIJIN) que goza de un gran prestigio.

El escándalo se descubrió un día después de que la revista Semana publicara unas declaraciones al parecer hechas por ex paramilitares presos en las que denunciaban que los ex combatientes desmovilizados delinquían desde la cárcel, y que fueron grabadas sin autorización judicial.

Ayer Uribe dijo que su gobierno "ni por temperamento ni por convicción democrática" intercepta llamadas, refiriéndose al escándalo que produjo la salida de 12 generales de la generales de la Policía Nacional, que le pidió al fiscal llevar a fondo la investigación, aunque admitió que había dificultades porque los periodistas se negaban a revelar su origen, y destacó esta última parte como el respeto de su gobierno a la libertad de prensa. "En otro país como los estarían presionando".

En las últimas semanas se han venido conociendo diferentes sospechas sobre el incorrecto funcionamiento de los servicios de inteligencia en Colombia. En varios casos la victima ha sido el senador del izquierdista Polo Democrático Gustavo Petro, quien denunciara en el Congreso recientemente los vinculos entre Uribe y el paramilitarismo en Antioquia, cuando Uribe era gobernador de este departamento.

De esta forma, inteligencia militar estuvo detrás del seguimiento a la familia de Petro quien además días antes denunció su oficina fue allanada por agentes oficiales que al parecer buscaban documentos. Gustavo Petro, que fue guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19), desarticulado en 1990. El congresista del PDA ha sido uno de los principales denunciantes de los nexos de políticos con paramilitares de las AUC. También denunció en el Senado que en enero pasado un grupo de pistoleros se reunió con un militar retirado para planear su asesinato.

Todo estos se suma a lo ocurrido el pasado domingo cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de cinco parlamentarios -dos de los cuales ya se entregaron-, a quienes acusa de “concierto para delinquir agravado”; es decir, apoyo a los grupos paramilitares. Ya son 13 los congresistas en prisión y otro más declarado prófugo.