El gobierno de Uribe acusó a la Corte Suprema de Justicia de interferir en el proceso de paz.

Política

Colombia: Judicatura rechaza críticas de Uribe y recuerda su independencia

El gobierno de Uribe acusó a la Corte Suprema de Justicia de interferir en el proceso de paz.

Análisis:

Héctor Riveros Serrato
Discusiones tardías, pero todavía necesarias

Las Claves:

En Colombia, la jurisprudencia ha señalado que solo se pueden perdonar las penas de los delitos políticos.
Uribe consideró que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia actuaron bajo un "sesgo ideológico".

Infolatam/Efe/La Palabra Digital
Bogotá, 2 de agosto de 2007

La Corte Constitucional, los Consejos de Estado y Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de Colombia rechazaron hoy las críticas del presidente del país, Álvaro Uribe, a un fallo de Supremo que niega delitos políticos a los paramilitares que realizaron un proceso de negociación con el Gobierno. Los representantes del poder judicial afirmaron que se está poniendo en peligro la independencia de éste.

Los jueces de ese órganos de la judicatura divulgaron un documento de apoyo a la Corte Suprema de Justicia en el que señalan que el debate abierto por Uribe "es un claro desconocimiento a la independencia y autonomía" del poder Judicial. Además, calificaron de "inadmisibles las expresiones según las cuales los magistrados de la Corte Suprema de Justicia actuaron bajo un sesgo ideológico", como consideró el presidente.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la negativa a considerar como acciones políticas los delitos de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En Colombia, la jurisprudencia ha señalado que solo se pueden perdonar las penas de los delitos políticos por lo que esta discusión tiene una gran relevancia. Durante el trámite en el Congreso de la ley de Justicia y Paz se evitó la discusión sobre si se calificaba o no como político este delito y solo al final del debate se incluyó un artículo en el que se pretendía asimilar ésta conducta al delito de sedición, pero la Corte Constitucional retiró ese artículo de la ley por considerar que no se habían cumplido los debates reglamentarios.

Los jefes de las AUC, encarcelados, "congelaron" por ese fallo sus confesiones el pasado 24 de julio, que forman parte de la Ley de Justicia y Paz, marco legal de su desmovilización acordada con el Gobierno colombiano. Uribe pidió entonces otorgar esa condición política, criticó a la Corte y anunció, como ya hizo, la presentación de un proyecto de ley para "readecuar" la calificación de los delitos cometidos por la ultraderecha armada desmovilizada.

El documento de apoyo a la Corte Suprema agrega que la rama judicial "es respetuosa de la iniciativa del Gobierno nacional de presentar un proyecto de ley a consideración del Congreso de la República", y señala que eso es "parte de la autonomía" del poder Ejecutivo.

El domingo pasado, tras la presentación del proyecto de ley gubernamental, los desmovilizados de las AUC anunciaron la reanudación de sus llamadas "versiones libres" o confesión de sus delitos ante la Fiscalía.