Colombia: inminentes cambios en el Gobierno por contactos de políticos con paramilitares

Uribe niega que prepare una reforma constitucional para la reelección.

El Análisis de Infolatam:
Ramón Pérez-Maura
Se cierra el círculo sobre la canciller colombiana

Las claves:

• Uribe propone que los congresistas inmersos en procesos judiciales sean retirados transitoriamente.

Infolatam
Bogotá, 30 de enero de 2007

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, afirmó que los jueces serán quienes establezcan el tipo de relaciones que mantuvieron algunos políticos con la guerrilla o los paramilitares: "los jueces deben establecer la diferencia entre quienes hicieron contactos con la guerrilla o paramilitares por razones humanitarias, quienes los hicieron por coacción insuperable, o quienes los hicieron con animo de delinquir".

El Presidente Uribe afirmó que los dirigentes políticos tienen una mayor responsabilidad que los demás ciudadanos "y no podemos renunciar a ciertos deberes para tener una mayor comodidad personal". La Corte Suprema de Justicia investiga las relaciones entre prominentes políticos y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar ilegal que se desmovilizó entre 2003 y 2006, a la que se le atribuyen centenares de matanzas, con millares de muertos y desplazados forzosos.

Por ese proceso están detenidos los senadores Álvaro García Romero y Jairo Enrique Merlano y el representante a la Cámara Erick Morris Taboada. Además, se encuentran vinculados mediante indagatoria los senadores Álvaro Araújo Castro -hermano de la canciller María Consuelo Araújo-, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Mauricio Pimiento Barrera y Luis Eduardo Vives Lacouture, y los representantes Jorge Luis Caballero y Alfonso Antonio Campo Escobar. El Supremo decidirá en breve sobre la suerte de los que ya rindieron indagatoria.

Según medios locales, otros parlamentarios y políticos, de los que firmaron el "Acuerdo de Ralito" con los jefes de las AUC en 2001 para "refundar el país", podrían ser llamados por el máximo tribunal. Sobre la afirmación del ex presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978), de que Uribe había desafiado a los ex mandatarios al hablar de un juicio al Estado por dejar que la guerrilla y los paramilitares controlaran muchas regiones del país, el jefe de Estado afirmó que "cada uno que examine su propio gobierno". Uribe calificó el proceso de paz que lleva a cabo su Gobierno como "ejemplar en comparación con los anteriores" que se han hecho en el país y en todo el mundo, pues estos fueron "procesos de reconciliación sin justicia, sin reparación, sin verdad".

Aseveró que el proceso de paz de Colombia "marca una diferencia y pone un punto muy alto hacia futuro" y por ello, agregó, "cuando se vayan a dar aquí procesos de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), con el ELN (Ejercito de Liberación Nacional), habrá que tener muy en cuenta este proceso, que ha sido un proceso de paz, pero sin impunidad". Ahora, según el mandatario, "gracias a la verdad que estimula este proceso, están saliendo a la luz pública todas las relaciones de la política con el paramilitarismo, y deben aparecer también las relaciones de la política con la guerrilla".

Uribe defendió la transmisión en directo por televisión de las confesiones de los jefes de las AUC, pues será "la misma ciudadanía la que va a ayudar a juzgar si lo que se está diciendo se ajusta a la verdad o si riñe con la verdad". El mandatario calificó de grave "cualquier atentado contra la libertad de prensa". Sobre la prohibición de un juez al diario "El Heraldo", del puerto caribeño de Barranquilla, para publicar información sobre un presunto caso de corrupción, señaló que respeta "la independencia de la justicia" pero agregó: "Con todo el respeto al juez (...) a mí me parece que nada debe perturbar la libertad de prensa".

Estas declaraciones se producen en plena polémica por la propuesta presidencial de abrir "juicio al Estado" para juzgar políticamente las acciones de anteriores administraciones en materias como la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico, lo que involucraría a los expresidentes Andrés Pastrana y Ernesto Samper.

Por otro lado, el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, emprende hoy una gira de diez días por Estados Unidos y Europa para recabar una mayor cooperación de la comunidad internacional al "Plan Colombia". La gira incluye Washington, Londres, Bruselas y Múnich (Alemania) para promover la nueva etapa de ese programa antidrogas y contra los grupos armados ilegales.

El propósito del viaje es "informar a los países que nos han venido ayudando de lo que hemos hecho y lo que pensamos hacer" en la llamada "fase de consolidación" del "Plan Colombia", que se aplica desde hace seis años, dijo el ministro. La nueva etapa de este programa, que Washington ha financiado anualmente con unos 600 millones de dólares, fue presentada la semana pasada al cuerpo diplomático acreditado en Colombia y tiene como base una política de "corresponsabilidad entre la oferta y la demanda" de drogas.

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