Guillermo León Valencia, ex director de la Fiscalía de Medellín y hermano del actual ministro colombiano del Interior.
Infolatam
Bogotá, 26 de septiembre de 2008
La detención por nexos con el narcotráfico y los paramilitares de Guillermo León Valencia, ex director de la Fiscalía de Medellín y hermano del actual ministro colombiano del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, es el último escándalo en el Gobierno de Álvaro Uribe.
Valencia, que fue ayer capturado en la ciudad de Medellín, ha sido vinculado al narcotraficante más buscado de Colombia: Daniel Rendón, alias "Don Mario", y hermano del ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán". La Fiscalía confirmó que el hermano del ministro es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y violación de reserva, así como por falsedad y uso de información privilegiada cuando oficiaba como director del organismo en Medellín.
Su captura es el más reciente escándalo que salpica al Gobierno de Uribe, que ha visto cómo su primo y congresista, Mario Uribe, es investigado por nexos con paramilitares, mientras su ex canciller María Consuelo Araújo debió renunciar porque su padre y su hermano están encarcelados por el mismo motivo.
Unos 60 legisladores, en su mayoría del oficialismo, también son investigados por sus vínculos con las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al tiempo que diplomáticos colombianos acreditados en República Dominicana, Chile y México fueron cuestionados por tener nexos o favorecer a los paramilitares.
Los comandantes de las AUC, 14 de ellos extraditados a Estados Unidos en mayo pasado, confirmaron que al menos un 30 por ciento del Congreso elegido en 2002, año en el que Uribe asumió su cargo, tenía relaciones con ellos, y muchos fueron reelegidos en los comicios legislativos de 2006.
El jefe de Estado afronta otro escándalo por las denuncias de una ex congresista, después de que ésta recibiera prebendas para dar su visto bueno a la reforma constitucional que posibilitó la reelección presidencial en 2006.
Asimismo, diversos sectores sociales han denunciado un incremento de las violaciones de los derechos humanos durante el Gobierno de Uribe. Un informe elaborado por más de 400 Organizaciones No Gubernamentales y presentado esta semana ante la Organización de Naciones Unidas constata que 13.634 personas murieron en Colombia fuera de combate y como consecuencia de la violencia sociopolítica desde que Uribe asumió la Presidencia. De los casos en los que se conoce al autor de esas muertes, el 75,4 por ciento fue responsabilidad del Estado.
La detención de Valencia, que se declaró inocente de los cargos y quien había sido cesado de la Fiscalía de Medellín en julio pasado, es un eslabón más de una cadena que amenaza con romperse en los estratos más altos de la política colombiana.
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