Colombia notificó al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que "no autoriza ni avala gestión alguna" suya con las FARC.
Infolatam
Bogotá, 18 de julio de 2008
El Gobierno colombiano notificó al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que "no autoriza ni avala gestión alguna" suya ante una organización terrorista como la guerrilla de las FARC. "Cualquier actividad que se desarrolle en tal sentido tiene que contar con la aprobación el Gobierno de Colombia", advirtió en Bogotá el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez.
La notificación de Colombia está contenida en una nota de protesta que Bermúdez envió a su par de Nicaragua, Samuel Santos, poco después de que asumiera el cargo ante el presidente Álvaro Uribe, en sustitución de Fernando Araújo, que el miércoles renunció al cargo.
En el mensaje, Bermúdez aludió a unas declaraciones de hace un día en las que Ortega aceptó entrar en contacto con los "hermanos" de las FARC para "aportar a la paz en Colombia", que, según él, "es el principal factor de inestabilidad de toda América Latina". Las FARC habían solicitado a Ortega, en una carta fechada el pasado 26 de junio, que les sirviera a ellas de interlocutor en gestiones de búsqueda de la paz, a lo que el gobernante centroamericano respondió que "sí".
El titular colombiano de Exteriores consideró que una eventual gestión de Ortega "constituiría una violación al principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados". Tras protestar de manera enérgica por la opinión de Ortega sobre Colombia como factor desestabilizador, Bermúdez sostuvo que "las verdaderas amenazas para Colombia y la región son el narcotráfico y el terrorismo".
En la misma comunicación, el canciller informó a su colega Santos que Colombia llevará este caso ante la OEA, "por tratarse de situaciones que violan la letra y el espíritu de la Convención Interamericana contra el Terrorismo". Dijo, igualmente, que son manifestaciones que violan las resoluciones de la ONU sobre el mismo asunto.
Colombia también "recurrirá a los mecanismos nacionales e internacionales, y a la cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo para impedir que se adelanten actividades ilícitas", continuó Bermúdez.
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