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Bogotá, 15 de octubre de 2008
Álvaro Uribe se vio forzado a retirar su reforma de la justicia por la oposición de las altas cortes y la división en el uribismo. Esa reforma era uno de sus proyectos estrella de la legislatura, junto a la reforma política y la aprobación de la reelección presidencial.
Los dos motivos que llevaron a Álvaro Uribe a retirar la reforma fueron las duras críticas de las altas Cortes y los temores de que algunos congresistas uribistas se declararan impedidos para votarla. Uribe anunció su decisión tras mantener con los integrantes de la coalición de Gobierno una reunión en la Casa de Nariño para tratar de "salvar" un proyecto de reforma constitucional.
El Presidente aceptó a retirar la propuesta de incluir la doble instancia para juzgar a los congresistas -ahora sólo una- ante los temores de algunos senadores de que esta decisión pudiera causarles la pérdida de la investidura, por encontrarse investigados por la Corte Suprema en el expediente de la "parapolítica".
La negativa de los senadores Alfonso Valdivieso (de Cambio Radical) y de Armando Benedetti (de 'la U') a votar la reforma fue lo que hundió la iniciativa: "Los senadores continuaron en la consideración de declararse impedidos por la disparidad en los conceptos recibidos".
A la negativa de los parlamentarios uribistas se unieron las críticas de las Cortes para terminar de hundir la iniciativa. El vicepresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, fue el más crítico. "Esta reforma es inoportuna, pero, no obstante que pensamos que es así, aquí estamos".
El presidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra, dijo que "en el Estado Social de Derecho no es serio y no es adecuado hacer transformaciones a la administración de Justicia si no se hacen reformas a otras ramas del poder". El del Consejo de Estado, Enrique Gil, se refirió a que "los contenidos de esta reforma no son los propios de una reforma a la Justicia sino de una forma organicista". El presidente de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, Jesael Giraldo, subrayó que "para descongestionar la Justicia se requiere una política de Estado y no una reforma constitucional".
Ahora, el Presidente anunció que dedicará "todos los esfuerzos a aprobar una ley de la República que garantice la descongestión de la Justicia para el año 2010, que deberá incluir normas de la Conmoción Interior vigente y otras adicionales, con razonable apoyo presupuestal".
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