Chile hoy: Murphy, Ricardo y la biología

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Infolatam
Santiago, 6 de mayo 2008

(Especial para Infolatam) .-

"... Los entendidos señalan que en el mediocre y distorsionado comportamiento de la economía chilena (la expansión es del orden del 4%, el fisco está más rico que nunca, pero la gente está golpeada por las alzas de los alimentos y la escasez de puestos de trabajo) inciden básicamente dos factores. Uno es el agotamiento de las reformas económicas que el país realizó entre los años 85-95. El otro está relacionado con el colapso de la orgánica estatal".

Dos leyes -la ley de Murphy, en primer lugar, y la ley de rendimientos decrecientes, a continuación- podrían explicar los últimos desarrollos del gobierno de Michelle Bachelet. Luego que el Senado destituyera a la ministra de Educación Yasna Provoste, acusada constitucionalmente por incumplimiento de los deberes de su cargo, operación que tanto el revanchismo opositor como la inflexibilidad el gobierno hicieron inevitable, pero que era absolutamente innecesaria, la administración ha sido involucrada en lo que pareciera ser el libreto de una comedia de equivocaciones.

Primero la prensa descubrió que la inauguración en febrero del Hospital de Curepto, una comuna del sur del país mayoritariamente indígena, fue un engaño porque el establecimiento no estaba listo ni bien equipado. Incluso hubo que arrendar camas y traer un enfermo de utililería para que, risueño, apareciera con la presidenta en las imágenes de la televisión. Después una denuncia movida por el resentimiento y la venganza hizo caer al oficial de Carabineros jefe de la escolta presidencial porque el auto oficial que el Estado le asigna había sido utilizado por su esposa para asuntos domésticos. En seguida le tocó el turno a una subsecretaria que repartía, también en el auto oficial, frutillas de un negocio familiar.

Indignada, la presidenta citó a sus ministro, en parte para volver reprenderlos y en parte para instarlos a desterrar ineptitudes de este tipo. Pero, cuando aún el eco de sus palabras no se apagaba, se supo que en la nortina ciudad de Arica un funcionario del área de la salud se había ganado una millonaria licitación para construir un hospital a través de una empresa de la cual es socio. En la más pura ortodoxia de lo que los argentinos llaman "la patria contratista", el funcionario había creado la empresa solo tres días después de ser contratado por el Estado y abandonó su puesto pocos días después de adjudicarse la licitación.

Hasta ahí Murphy, en el registro tragicómico. En un frente bastante más sombrío, la ley de los rendimientos decrecientes está condenando a Chile a pérdidas sostenidas de competitividad y a tasas de crecimiento económico que no sólo son inferiores al promedio regional, sino también inferiores a las potencialidades del país en momentos en que el precio del cobre anda por las nubes y las tasas de internacionales de interés están bajas. Los entendidos señalan que en el mediocre y distorsionado comportamiento de la economía chilena (la expansión es del orden del 4%, el fisco está más rico que nunca, pero la gente está golpeada por las alzas de los alimentos y la escasez de puestos de trabajo) inciden básicamente dos factores. Uno es el agotamiento de las reformas económicas que el país realizó entre los años 85-95. El otro está relacionado con el colapso de la orgánica estatal.

Hoy el Estado chileno gasta entre tres y cuatro veces más que a fines de los años 80 y lo hace con criterios, procedimientos y políticas de evaluación, ejecución y control que nunca se modernizaron. Los despropósitos que se han estado viendo en el sector público vienen de ahí y son la cuenta que el país está pagando por persistir en una administración pública ineficiente, caduca y cuoteada políticamente.

Por lo mismo, no es casualidad que el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, haya abrazado la causa de la reforma del Estado como uno de los temas prioritarios de su agenda. El problema es que su iniciativa es tardía y llega en un momento en que lo único que espera la opinión pública y la clase política es que el gobierno termine pronto.

Como este año además hay elecciones municipales y el próximo las parlamentarias y presidenciales, salta a la vista el horno no está preparado para un desafío mayor como es reformar el aparato público, cosa que supone -como ha ocurrido en casi todos los países que han transitado esta senda- consensos políticos más o menos transversales entre las elites dirigentes.

Mientras el gobierno se desgasta y el país pierde oportunidades, el rechazo del Tribunal Constitucional, a instancias de un grupo de parlamentarios de derecha, al anticonceptivo de emergencia conocido como "la píldora del día después" puso punto final a la distribución de este fármaco en los consultorios públicos. Ahora se discute si podrían distribuirlos los consultorios de la salud municipal y todo indica que las farmacias podrán seguir vendiéndolo. Pero, así y todo, un sector importante de la opinión pública está indignada con la decisión. En Chile la píldora del día después cuenta con altos niveles de aprobación -superiores incluso al 75%- y tanto el gobierno como la Concertación esperan capitalizar a su favor el descontento generado por la prohibición.

En la propia derecha ya han surgido voces que lamentan el error de haber llevado el caso tan lejos y es sintomático que el candidato presidencial opositor, Sebastián Piñera, que normalmente opina sobre lo humano y lo divino sin que se lo pidan, haya eludido el tema hasta ahora, en forma no muy olímpica. Es probable que con la actuación de algunos de sus personeros en este asunto la derecha ya se haya autoinflingido un daño electoral importante, particularmente entre el electorado joven. Lo que falta todavía por saber es si serán pocos, varios o muchos más de los que se suponía, los políticos derechistas que desafíen el conservadurismo mayoritario en el sector.

Aunque hay consenso en que el fallo del Tribunal Constitucional no será, como quiere la Iglesia católica, la última palabra en este debate, no está en absoluto claro todavía de qué modo el gobierno espera revertir esta derrota. Como electoralmente podría significarle un triunfo, antes de plantear cualquier iniciativa para que sea el parlamento el que dirima la cuestión, es lógico pensar que el fallo será usado como un poderoso argumento de campaña.

El terreno está abonado porque en estas materias la mayoría de los chilenos prefiere adoptar las decisiones por sí mismos y a nadie le hace mucho sentido que sea un tribunal integrado por juristas el llamado a determinar en qué momento biológico preciso comienza la vida o hasta qué punto esta píldora puede o no ser abortiva. Ni la formación que tienen esos jueces ni la sentencia que redactaron prueba que puedan manejarse razonablemente bien en estos temas.