Brasil: Sarney anula 663 decisiones secretas del Senado cuestionadas por fraude

Las acusaciones de corrupción de Sarney tienen paralizado el Senado desde hace casi medio año

Las Claves:

• Las decisiones eran consideradas secretas debido a que no fueron publicadas en el Diario Oficial del Legislativo, lo que va en contra de la ley.
• Además de anular las decisiones secretas de los últimos 14 años, Sarney determinó que las personas beneficiadas por ellas devuelvan los recursos públicos que recibieron.

Infolatam
Río de Janeiro, 13 de julio de 2009

El presidente del Congreso brasileño, José Sarney, anunció la anulación de 663 decisiones secretas del Senado que estaban siendo cuestionadas debido a que sirvieron para nombrar parientes de legisladores en diferentes cargos o elevarles sus salarios. Se trata de uno de los primeros actos para hacer frente a las acusaciones de corrupción.

Sarney es el principal blanco en una serie de acusaciones de corrupción que tiene paralizada la cámara alta desde hace casi seis meses y que ha obligado al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a salir en su defensa para evitar que los legisladores de la oposición lo obliguen a renunciar.

El senador y ex mandatario brasileño (1985-1990) es uno de los principales aliados de Lula y líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la fuerza mayoritaria en el Congreso y principal aliada del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en la legislatura.

Tanto Lula como el PT han defendido en diferentes oportunidades a Sarney, cada vez más arrinconado por las acusaciones de corrupción, debido a que dependen del apoyo del PMDB para hacer viable la candidatura de Dilma Rousseff, actual ministra de la Presidencia y preferida por el jefe de Estado para sucederle.

En uno de los primeros actos para hacer frente a las denuncias y críticas, Sarney declaró y nulas 663 decisiones administrativas de la mesa directiva del Senado que eran consideradas secretas debido a que no fueron publicadas en el Diario Oficial del Legislativo, lo que va en contra de la ley.

La mayoría de esas decisiones fue aprovechada por legisladores aliados de los dirigentes del Senado para nombrar a familiares y apadrinados en cargos en el Congreso que no existían o que casi no tienen funciones, o para elevar salarios de funcionarios del Legislativo.

Una de las principales causas de la actual crisis en el Senado es precisamente el descubrimiento de que esta institución cuenta con cerca de 10.000 funcionarios para servir a los 81 senadores. Muchos de los empleados del Legislativo son desconocidos en el Congreso debido a que tan sólo aparecen para cobrar su salario.

Además de anular las decisiones secretas de los últimos 14 años, Sarney determinó que las personas beneficiadas con tales actos devuelvan los recursos públicos que recibieron.

La medida moralizadora llega un día después de que varios senadores de partidos opositores anunciaran su decisión de pedirle a la Comisión de Ética del Senado que inicie un juicio contra Sarney que puede concluir con una sentencia para dejar al presidente del Congreso sin el puesto y hasta sin el mandato.
Los denunciantes aseguran que el titular del Congreso violó el código de honra del Parlamento al declarar supuestamente en falso que no tiene poder sobre la Fundación Sarney, una entidad creada para conservar el legado del senador durante el tiempo que ocupó la jefatura del Estado.
Sarney descartó cualquier vínculo con la Fundación luego de que la misma fuera acusada de desviar unos 250.000 dólares aportados por la petrolera estatal Petrobras, pero documentos presentados por la prensa muestran que el ex mandatario es la máxima autoridad de la Fundación.
La situación de Sarney se complicó aún más luego de que el semanario Veja denunciara que el ex gobernante tenía una cuenta bancaria secreta en el exterior manejada por Edemar Cid Ferreria, un polémico banquero condenado por los desvíos que provocaron la quiebra del Banco Santos.
Según la publicación, la cuenta de Sarney fue descubierta en una auditoría que el Banco Central hizo al quebrado Banco Santos, propiedad de Ferreira, amigo personal del ex presidente y quien ya fue condenado en primera instancia a 21 años de prisión por delitos financieros.

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