El propio presidente Lula ha autorizado la petición formulada a la Cámara Alta para que la investigación se extienda a diez años atrás.

Política

Brasil: Gobierno y oposición disputan el control de investigaciones sobre corrupción

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El propio presidente Lula ha autorizado la petición formulada a la Cámara Alta para que la investigación se extienda a diez años atrás.

Infolatam
Brasilia, 7 de febrero de 2008

El Gobierno brasileño y la oposición se disputan el control de la investigación sobre un escándalo centrado en el uso de tarjetas de crédito corporativas por parte de funcionarios, que ya le costó el puesto a una ministra.

Decenas de colaboradores del gobierno y familiares del presidente Luis Inácio Lula da Silva son sospechosos de haber usado para gastos personales e injustificados tarjetas que están reservadas para viajes y actividades estrictamente relacionadas con su trabajo. Por este escándalo tuvo que presentar su renuncia la semana pasada la ministra de la Secretaría de Igualdad Racial, Matilde Ribeiro, cuya tarjeta corporativa mostraba un gasto próximo a los 170.000 reales (unos 96.590,9 dólares), que incluía alquileres de coches en días festivos.

Tanto gobierno como oposición parecen de acuerdo en crear una Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI), pero hoy comenzó una disputa para ver quien la llevará a cabo y quién tendrá su control.

En caso de que la CPI sea la propuesta por el Gobierno, los partidos oficialistas tendrán la prerrogativa de nombrar a su presidente y a su relator, lo que les permitirá controlar el ritmo y el alcance de las investigaciones. El Gobierno quiere que solo el Senado lleve a cabo la investigación y que ésta se extienda a los gastos de los últimos diez años, lo que incluye a la administración del anterior presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quien actualmente forma parte de la oposición.

Esta, por su parte, anunció hoy que está recogiendo las firmas necesarias para pedir que sea una investigación conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, y para que se limite a supuestos gastos irregulares durante el gobierno de Lula da Silva. El funcionamiento de tres comisiones similares en 2005 para investigar las denuncias de que el Gobierno había montado una red de corrupción para comprar el voto de diferentes parlamentarios paralizó durante varios meses las votaciones en el Parlamento y colocó a Lula contra las cuerdas en un año pre-electoral.

Esas primeras comisiones eran controladas por la oposición y las investigaciones provocaron la caída del entonces ministro jefe de la Presidencia y mano derecha de Lula, José Dirceu, y la renuncia de toda la cúpula del oficialista Partido de los Trabajadores. Según el senador Romero Jucá, portavoz del Gobierno en el Senado, el Ejecutivo "no tiene miedo de investigar" y el propio presidente Lula ha autorizado la petición formulada a la Cámara Alta para que la investigación se extienda a diez años atrás.

La decisión fue calificada por algunos líderes opositores como una estrategia para sabotear la investigación, impedir una fiscalización rigurosa y reducir la presunta responsabilidad del actual gobierno. "La iniciativa del Gobierno no cambia para nada nuestra intención de investigar las tarjetas, pero nuestro objetivo es profundizar las investigaciones y garantizar que la Cámara de Diputados pueda participar en las mismas", dijo el diputado Carlos Sampaio, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Según el legislador, los opositores ya están recogiendo las firmas de apoyo necesarias (de 27 senadores y 171 diputados) para pedir que en la CPI participen representantes de ambas cámaras. Una CPI tiene el poder, si sus miembros lo aprueban, de levantar el secreto fiscal, telefónico y bancario de cualquier individuo investigado.

El pasado 25 de enero el Ministerio Público Federal de Brasil anunció que iba a investigar el uso que los ministros del Gabinete dan a las tarjetas de crédito oficiales. En las últimas semanas la prensa ha divulgado detalles sobre gastos realizados por diferentes funcionarios con tarjetas de crédito que exceden los límites autorizados y para artículos como mesas de billar, aparatos para gimnasia y alquiler de coches en días festivos.

Según datos oficiales, los gastos con esas tarjetas sumaron el año pasado 75 millones de reales (42,8 millones de dólares), lo que supuso un aumento del 127 por ciento frente a 2006.

Tanto gobierno como oposición parecen de acuerdo en crear una Comisión de Investigación Parlamentaria.
Una comisión tiene el poder, si sus miembros lo aprueban, de levantar el secreto fiscal, telefónico y bancario de cualquier individuo investigado.