Brasil: el escándalo de las tarjetas de crédito llega hasta Lula


Los gastos de las residencias de Lula con cargo a tarjetas son objeto de polémica.



Las claves:
  • El escándalo está motivado por el uso privado de tarjetas de crédito oficiales de decenas de colaboradores del Gobierno y familiares del presidente.
  • El diputado opositor Carlos Sampaio comenzó a recaudar firmas para abrir una Comisión Parlamentaria de Investigación

Infolatam
Río de Janeiro, 5 de febrero 2008


Un nuevo escándalo por supuesta malversación de fondos públicos amenaza propagarse en el entorno del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, y será ventilado por la oposición a partir de mañana.

Se trata del uso extendido de tarjetas de crédito corporativas para gastos personales diversos y no vinculados al trabajo de decenas de colaboradores del Gobierno y familiares del presidente.

Según publica hoy el diario Folha de Sao Paulo, por lo menos dos encargados de la seguridad de Lula gastaron en los últimos tres años 149.000 reales (85.600 dólares) con tarjetas del Gobierno Federal en restaurantes, instalación de un gimnasio particular y materiales de construcción, electrónicos, artesanía, ropas y artículos deportivos.

La Secretaría de Prensa del Palacio de Gobierno informó al diario que no se va a manifestar sobre "temas relacionados a la seguridad del presidente o de sus familiares" y que esos gastos son secretos. Pero los gastos supuestamente no justificados se extienden a la Secretaría de Administración del Palacio de Gobierno de Planalto y a asesores del presidente, según Folha.

El diputado opositor Carlos Sampaio ya comenzó a recaudar firmas para abrir una Comisión Parlamentaria de Investigación de los gastos corporativos. "La intención es agarrar a los agentes turistas, no sólo a los ministros", dijo el diputado, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Este miércoles los líderes opositores comenzarán a orquestar la creación de la comisión y antes del jueves ya la decisión deberá ser tomada, según el líder del PSDB en la Cámara de Diputados, Antonio Carlos Pannunzio. La semana pasada la ministra de la Secretaría de Igualdad Racial, Matilde Ribeiro, renunció al cargo que ejercía desde 2003 debido a la polémica generada por sus elevados gastos con una tarjeta de crédito oficial.

"Asumo el error administrativo", declaró Ribeiro, tras admitir que entre los 171.000 reales (unos 95.000 dólares) que gastó con la tarjeta sólo había compras en una tienda libre de impuestos de un aeropuerto y alquileres de automóviles en fines de semana o días festivos. Según publica hoy el diario O Estado de Sao Paulo, solamente la Presidencia de la República tiene al menos 150 tarjetas corporativas. "Juntos sus titulares gastaron el año pasado 6,2 millones de reales" (unos 3,5 millones de dólares), informa.

De ese grupo, apenas 68 funcionarios divulgaron sus gastos en el sitio en Internet de la Contraloría General de la Unión (CGU), afirmó. Según la Contraloría, los gastos de la Presidencia con tarjetas alcanzaron a 16 millones de reales (unos 9,14 millones de dólares) entre enero y comienzos de diciembre de 2007. De ese total, 15,26 millones de reales (8,72 millones de dólares) son clasificados como secretos "para garantía de la seguridad de la sociedad y del Estado" brasileño.

En la lista de la CGU aparecen identificadas dos personas que hicieron compras en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, estado de Sao Paulo, donde está la residencia familiar de Lula. El teniente coronel Rawlinson Souza, ordenanza de Lula en el gabinete de la Presidencia, gastó 5.100 reales (unos 2.900 dólares) en papelería y supermercados en 2007.

Otro militar, que trabaja en la seguridad de la hija del presidente, Lurian Cordeiro Lula da Silva, en el estado de Santa Caterina (sur), usó la tarjeta en tiendas de materiales de construcción, repuestos, supermercados y gasolina, en compras por 55.000 reales (unos 31.500 dólares) entre abril y diciembre del año pasado, según Folha de Sao Paulo.

Un reportaje de la revista Veja, que circuló durante el carnaval, afirmó que los gastos del gobierno federal con estos medios de pago oficiales saltaron 800 por ciento entre 2003 y 2007, hasta 78 millones de reales (unos 44,5 millones de dólares equivalentes). El 75 por ciento de esa factura obedece a retiro de dinero en efectivo, por lo que la naturaleza de los gastos no pueden ser identificables, según el semanario.

 
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