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Brasilia, 2 de diciembre de 2009
La corrupción ha vuelto a sacudir Brasilia, el principal centro de poder de Brasil, con un escándalo que ahora se enredó en las ramas de la gobernación de la capital y que muestra las profundas raíces de la podredumbre de la clase política del país.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que está de visita en Ucrania, calificó como "graves" las denuncias que comprometen al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, José Roberto Arruda, y a otros funcionarios, y afirmó que quien haya cometido delitos, "tendrá que pagar".
"Es deplorable para la clase política. Yo ya envié dos propuestas de reforma política para el Congreso y a nadie le importa votarlas. Hay un enemigo oculto que no deja votar", dijo el mandatario a periodistas después de reunirse en Kiev con su homólogo de Ucrania, Víctor Yúshchenko.
Estas reformas políticas, que probablemente no consigan completar su trámite antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2010, pretendían acabar con la impunidad de los políticos ante los casos de corrupción que constantemente se descubren en cualquier esfera del poder en el país.
La propuesta de Lula prevé que los partidos reciban financiación pública para las campañas electorales y así se pueda evitar la dependencia de fuentes privadas, que invitan y financian la corrupción, como indican las investigaciones acerca de este último caso destapado el pasado viernes por la Policía Federal.
Según los investigadores, los acusados de corrupción en Brasilia recaudaban mensualmente cerca de 600.000 reales (unos 348.837 dólares) de empresas que habían sido favorecidas con la adjudicación de contratos públicos y que luego repartían entre diferentes autoridades.
El gobernador Arruda, del partido derechista Demócratas, es el político de mayor rango implicado en esta trama, en la que también están involucrados otros miembros de su gabinete y diez de los 24 diputados que componen la Asamblea regional. La Policía ha difundido vídeos con imágenes del gobernador y de otros políticos recibiendo gruesos fajos de dinero, lo que ha generado protestas por parte de sindicatos y estudiantes y asustado a los partidos aliados del gobierno regional.
El gobernador niega las acusaciones y asegura que el dinero en efectivo que recibió ante las cámaras ocultas eran donaciones para acciones sociales durante la campaña electoral que fueron "regularmente contabilizadas". Inicialmente, Arruda explicó en un comunicado que el dinero fue destinado para la compra de "panetones" (bizcocho navideño), que iban a ser distribuidos a niños necesitados.
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