Las marchas campesinas llegaron a la sede del Parlamento y el Palacio de Gobierno.

Política

Bolivia: seguidores de Morales cercan el Congreso para presionar por la nueva Carta Magna

Las marchas campesinas llegaron a la sede del Parlamento y el Palacio de Gobierno.

Análisis:

Manfredo Kempff
La democracia masista

Las Claves:

La oposición reprocha a Evo Morales doble juego: ofrece diálogo y moviliza a sus seguidores.
Uno de los referendos solicitados por el Gobierno y sus bases sindicales debe definir la extensión de tierras que se considerará latifundio ocioso expropiable.

Infolatam
La Paz, 26 febrero 2008

Los sindicatos indígenas y campesinos que apoyan al presidente de Bolivia, Evo Morales, comienza este miercoles un cerco al Congreso para exigir que convoque a los dos referendos pendientes para ratificar su proyecto de Carta Magna.

Las marchas campesinas llegaron a la Plaza Murillo de La Paz, donde se ubican la sede del Parlamento y el Palacio de Gobierno, donde pueden estar una o dos semanas para presionar a los legisladores, que en las próximas horas prevén reanudar sus sesiones. El proyecto de nueva Carta Magna de Morales ha sido rechazado de plano por la oposición, que controla el Senado, con el argumento de que fue aprobado de forma ilegal en la Asamblea Constituyente.

Uno de los referendos solicitados por el Gobierno y sus bases sindicales debe definir qué extensión de tierras se considerará un latifundio ocioso expropiable, mientras que el segundo debe ratificar el texto de 411 artículos aprobado por la Asamblea. El referendo sobre los latifundios se convocará debido a que los representantes en la Constituyente del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus aliados no lograron un consenso en torno a un artículo.

El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, planteó a la oposición una tregua de 60 días en la que se suspendan tanto las presiones sindicales como el referendo sobre estatutos autonómicos convocado en la región de Santa Cruz para el 4 de mayo. Esa fecha es "un plazo fatal" que pende como un "espada de Damocles sobre la democracia", dijo García Linera, quien espera ver esta semana un "resultado práctico" en el diálogo político, porque de lo contrario "las presiones van a sobreponerse frente a las razones".

El vicepresidente cree que un "receso temporal en las presiones" de ambos bandos puede permitir al Congreso "articular" el proyecto de nueva Constitución impulsado por Morales y los estatutos autonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Sin embargo, la idea de armonizar el proyecto constitucional y los estatutos autonómicos ha fracasado ya en tres ocasiones, dada la polarización entre el proyecto político del mandatario izquierdista y el de los líderes opositores en esas cuatro regiones, apoyadas por los de Cochabamba y Chuquisaca.

La petición de tregua formulada por el Gobierno, similar a otras dos planteadas en enero y diciembre pasados que no tuvieron efecto, fue recibida con cautela por la oposición y rechazada también por los propios sectores sociales movilizados. El dirigente de la Federación de Colonizadores, Fidel Surco, dijo que en estos momentos "hacer una tregua de 60 días es muy peligroso", porque otras regiones autonomistas pueden convocar a sus respectivos referendos sobre sus estatutos.

La principal alianza opositora de Bolivia, Podemos, acusó al Gobierno de Morales de practicar "un doble discurso" por haber invitado a la oposición al diálogo, mientras moviliza a sus bases para cercar al Congreso. El presidente del Senado y dirigente de Poder Democrático y Social, Óscar Ortiz, dijo que el Gobierno, por un lado los invitó a dialogar, pero por otro "sigue amenazando con la violencia y con la imposición".

Ortiz sostuvo que, en lugar de los referendos sobre la nueva Constitución que reclama el oficialismo, planteará que primero se lleva a cabo la consulta sobre la revocación de mandato del presidente Morales y los nueve gobernadores de país. Sobre la consulta revocatoria no existe todavía un acuerdo entre oficialistas y opositores, pero Morales la ve como una solución definitiva a la crisis política que vive el país.