Morales fue igual de claro el domingo pasado al plantear que el estatuto autonomista elaborado en la rica región opositora de Santa Cruz debe ser tirado al "tacho" (cubo de basura).

Bolivia: pesimismo sobre el diálogo Morales - prefectos opositores

Morales fue igual de claro el domingo pasado al plantear que el estatuto autonomista elaborado en la rica región opositora de Santa Cruz debe ser tirado al "tacho" (cubo de basura).

Infolatam
La Paz, 2 de enero, 2008

El Gobierno del presidente Evo Morales y los prefectos opositores de Bolivia se mantuvieron hoy firmes en sus posturas sobre temas clave, lo que ha provocado que los analistas vean con reducidas expectativas el diálogo acordado para el próximo lunes, día 7.

Representantes de ambas partes ratificaron su enfrentamiento por el proyecto constitucional impulsado por Morales, los estatutos autonomistas de cuatro departamentos y el recorte al presupuesto de las nueve regiones, seis de las cuales están gobernadas por la oposición.

El portavoz del presidente Morales, Alex Contreras, ratificó hoy que el Ejecutivo "está dispuesto a encontrar soluciones a través del diálogo", pero inmediatamente acusó a los prefectos opositores de ser quienes en 2007 provocaron "confrontación, sangre y división".

Añadió que el Gobierno continuará "sus políticas para transformar el país", que el cambio "es incontenible", que no se puede dar "ni un solo paso atrás" y que irá al diálogo pero para buscar el "bienestar" de las mayorías.

Morales fue igual de claro el domingo pasado al plantear que el estatuto autonomista elaborado en la rica región opositora de Santa Cruz debe ser tirado al "tacho" (cubo de basura) porque, a su juicio, busca dividir el país. En la oriental Santa Cruz, dirigentes cívicos replicaron que lo que debe ir al "tacho" es el proyecto constitucional de Morales por las "irregularidades" con las que fue aprobado.

El oficialismo y los opositores también están enfrentados por la decisión gubernamental de incluir en el presupuesto de este año un recorte de la renta petrolera de las nueve regiones para permitir al Gobierno pagar un bono de vejez.
El gobernador opositor de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo que la posición gubernamental de "no retroceder" sobre los temas clave "sería grave para la unidad del país".

"Ojalá que no sea un diálogo de sordos", agregó al indicar que es "el último paso que hay para una solución pacífica, una salida racional y concertada". "Sería grave que el Gobierno apueste a esa salida", añadió Reyes Villa al criticar la afirmación del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, de que el proyecto constitucional "no es una materia negociable" en la reunión.

El secretario de Autonomías de la prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, afirma que ese texto es rechazado por la forma en que fue aprobado contra el "reglamento de debates de la Asamblea Constituyente" y las leyes vigentes.
Citó la última encuesta difundida en la prensa, que señala que un 41 por ciento de los bolivianos rechazaría ese texto si el referendo fuera hoy, frente al 39 por ciento que lo aprobaría.

Según el analista político Carlos Cordero, si las partes siguen con posiciones intransigentes "obviamente el diálogo está condenado al fracaso porque va ser muy difícil la construcción de un tipo de acuerdo político o punto de equilibrio".

El ex vicepresidente del país con el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y analista Víctor Hugo Cárdenas, indígena aimara como el presidente Morales, también expresó sus dudas acerca del futuro de las conversaciones políticas a la vista de las posiciones encontradas: "Todos muestran de boca para afuera disposición al diálogo", pero entre su discurso y la práctica "hay un trecho gigantesco". "Están cavando las fosas para que cada bando se precipite al barranco arrastrando al resto del país", dijo Cárdenas a radio Panamericana.

En la cita del próximo lunes, el Gobierno quiere dialogar también sobre los referendos previstos para este año, dos referidos al nuevo proyecto constitucional y uno sobre la continuidad de los mandatos del presidente y los gobernadores del país. Paralelamente, las cuatro regiones autonomistas, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, han empezado la recolección de firmas para exigir sendos referendos sobre sus estatutos autonómicos, que el Gobierno considera ilegales y separatistas.