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La Paz/Santa Cruz 6 de mayo 2008
Los dirigentes de Santa Cruz no dialogarán sin la participación de la Iglesia Católica, cuya intermediación Evo Morales rechaza. Tras el referendum de Santa Cruz y la proclamación de un estatuto autonómico, la atención se centra en qué ocurrirá con el diálogo ofrecido por Morales. Santa Cruz anuncio ayer que convocará elecciones a la Asamblea autonómica en cuanto sean oficiales los resultados.
El Gobierno cree que la Iglesia debe permanecer ahora al margen de la crisis porque su máxima autoridad, el cardenal Julio Terrazas, votó el pasado domingo en Santa Cruz en el referendo sobre el estatuto autonómico de este departamento. La Iglesia, "por voluntad propia, ha dado un paso al costado y corresponde al Gobierno, a los prefectos y a la oposición asumir la responsabilidad directa de gestionar el diálogo", según declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, recogidas en varios medios.
Por su parte, la Conferencia Episcopal indicó en un comunicado que Terrazas es "un ciudadano boliviano y cruceño" con "el legítimo derecho de ejercitar su voto", lo que no es incompatible con su responsabilidad al frente de la Iglesia, que "seguirá velando por la unidad y el bien común". Desde Santa Cruz, sus representantes entienden que la participación de la institución católica en la búsqueda de soluciones a la crisis es una "cuestión de Estado" y requisito imprescindible para abrir un escenario de concertación nacional.
De cualquier forma, las posibilidades de diálogo en Bolivia parecen aún lejanas. En opinión del Gobierno, los prefectos opositores han optado, tras el 4 de mayo, por una línea "más dura", al retrasar la eventual negociación hasta que se celebren el resto de los referendos autonomistas en Beni, Pando y Tarija. "Esta decisión es bastante desconsiderada respecto a la sociedad. La ciudadanía está esperando minuto a minuto un desenlace positivo que cancele de una vez el clima de incertidumbre y de aparente confrontación", advirtió hoy el ministro Quintana.
En caso de abrirse la negociación, Quintana cree que primero hay que intentar compatibilizar el proyecto constitucional del Gobierno con el régimen autonómico de los departamentos sin descartar modificaciones que, en última instancia, deberían ser aprobadas por la Asamblea Constituyente. Si no hubiera consenso, el ministro apuntó la vía del referendo dirimitorio sobre la nueva Constitución que propone Morales para "aquellos temas controvertidos en los que Gobierno y oposición no se han puesto de acuerdo".
Según el estatuto cruceño, aprobado el pasado domingo en una consulta que el Ejecutivo considera ilegal, la Asamblea Departamental representa al pueblo cruceño, tiene potestad legislativa, y orienta y fiscaliza la acción del Gobierno regional. Este "parlamento" departamental constará de 28 miembros, quince de ellos en representación de cada una de las provincias de la región y otros cinco en representación de los pueblos indígenas chiquitano, guaraní, guarayo, ayoreo y mojeño.Los ocho restantes se elegirán en función de la población de las diferentes provincias.
La Prefectura trabaja ya en las primeras medidas como administración autonómica, entre ellas, la implantación de un salario mínimo digno en el departamento y el seguro universal gratuito de salud.
Las autoridades cruceñas también prevén la puesta en marcha de once mesas de diálogo en el departamento "con una amplia participación" para perfilar la aplicación del estatuto autonómico.
Escrutado el 56,6 por ciento, el Sí al Estatuto Autonómico cuenta con un 85,61% de aprobación. El No, el 14,39 por ciento, los votos en blanco tienen un 1,39% y los nulos 2,33%.
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