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La Paz, 21 de noviembre de 2007
Evo Morales pidió a la Fiscalía que enjuicie por "sedición y conspiración" a los gobernadores de cinco de los nueve departamentos que llamaron a la "desobediencia civil". En El Alto, feudo de Morales, diez mil personas protestaron ante el Parlamento para exigir al Senado, de mayoría opositora, que desbloquee varios proyectos del Gobierno.
La ministra de Justicia, la indígena quechua Celima Torrico, convocó a la Fiscalía General para que "actúe de oficio" contra las autoridades regionales acusadas por el Gobierno de "sedición", informó hoy la Agencia Boliviana de Información (ABI,estatal). Torrico pidió que la actuación del Ministerio Público en esta ocasión sea "rápida", pues, a su juicio, en "unos casos lo hace con celeridad y en otros no, y por eso la población no tiene confianza en la administración de justicia".
Los gobernadores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, opositores a Morales, llamaron el lunes a la población a la "desobediencia civil" para que el Ejecutivo retire su plan de pagar un bono a la vejez con parte de las rentas petroleras que actualmente reciben esos departamentos. Poco después de ese llamamiento, el presidente Morales calificó de "sediciosos" a los cinco prefectos y aclaró que él mismo tiene "divergencias" con algunas normas, pero ha jurado "hacer respetar la Constitución Política del Estado y la ley".
Campesinos y miembros de organizaciones sociales y sindicales de El Alto marcharon varias horas hasta llegar a la plaza Murillo, en La Paz, donde tienen su sede el Congreso y el Palacio de Gobierno, y cortaron el paso en varias calles adyacentes. Los miles de manifestantes apalearon y destruyeron muñecos que representaban al ex presidente Jorge Quiroga, líder de la derechista y opositora Poder Democrático y Social (Podemos), y a dirigentes de la ciudad de Sucre, a los que acusan de paralizar la Asamblea Constituyente.
Los congresistas abandonaron la sede del Parlamento por instrucción de la policía ante la llegada de los manifestantes, que pretendían ingresar al edificio por la fuerza y pusieron, de forma simbólica, candados en sus puertas, según medios locales.
Los proyectos de ley parados más destacados son el plan para pagar un bono universal y vitalicio a los mayores de 60 años con parte de las rentas petroleras que ahora reciben los departamentos, una nueva ley anticorrupción y otras más de noventa normas. Además, se acusa al Senado de haber dilatado la aprobación del contrato con la empresa india Jindal para explotar una mina de hierro.
El senador Óscar Ortiz, de Podemos, señaló a los medios locales que las "amenazas" de los movimientos sociales no ayudan a resolver los conflictos, "especialmente en un ambiente tan tenso como el que está viviendo el país". Por su parte, el portavoz de Morales, Alex Contreras, recalcó a los periodistas que la marcha de las organizaciones de El Alto no está financiada por el Gobierno y solicitó a los senadores "que trabajen", porque tienen "todas las garantías".
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