Bolivia: Morales quiere autodeterminación indígena y restringir la propiedad privada

Evo Morales apoya la autodeterminación de los pueblos indígenas.

El Análisis de Infolatam:
Fernando Molina
Circus Maximus

Las Claves:

• Las organizaciones sociales controlarán a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
• La Iglesia será considerada como una ONG más.

Infolatam
La Paz, 2 de marzo 2007

Evo Morales hizo público ayer el modelo de nación que denfederá en la Asamblea Constituyente. Evo se mostró partidario de la autodeterminación de los pueblos indígenas, de restringir la propiedad privada, de acabar con los "privilegios" de la Iglesia católica, de la propiedad estatal de la tierra y los recursos naturales. Además, propone la creación de un suprapoder formado por las organizaciones sociales para supervisar y controlar a los tres poderes clásicos.

El presidente Evo Morales quiere que la nueva Constitución dé a los indígenas derechos preferentes que no poseerán los demás ciudadanos bolivianos, incluida su "autodeterminación", y que el Estado sea propietario de todas las tierras y recursos naturales.

Así aparece en el documento "Propuestas del Poder Ejecutivo a la Asamblea Constituyente", el proyecto que el gobierno intentará aprobar en la Constituyente. En el capítulo de autonomías se plantea "el respeto a la voluntad de que los pueblos indígenas y originarios recuperen su derecho a la autodeterminación".

El nuevo Estado deberá "devolver el papel protagónico e incluyente a los pueblos indígenas y originarios, (y) reconocer sus derechos". La propuesta añade que "los derechos de autodeterminación y autogobierno se ejercen a través de la capacidad de autonomía de los pueblos y comunidades".

Asimismo, "las autoridades de los pueblos indígenas tienen personalidad jurídica de orden constitucional. Su reconocimiento corresponde a cada pueblo y comunidad según sus usos y costumbres, sin que se requiera ningún trámite adicional ante otra entidad".

Además, propone la creación de "un órgano constitucional autónomo integrado por representantes de las organizaciones sociales, cuya función será fiscalizar y vigilar las actuaciones y gestión del poder público".

El sistema judicial indígena, de aprobarse la propuesta, no atenderá a las reglas generales, sino que "su conformación y funcionamiento se sujetarán a normas y procedimientos propios". El documento hace hincapié en que "todos los recursos (bienes explotables, rentas, ingresos) nacionales son de propiedad del Estado".

"El Estado participará mayoritariamente en empresas productivas estratégicas -añade-. Las empresas extranjeras sólo pueden ser contratadas para prestar servicios y, en caso de conflictos, someterse a la jurisdicción boliviana".

"Se garantiza la propiedad privada siempre que cumpla una función social y que su adquisición o tenencia no sea producto de hechos o actos de corrupción". La tierra se mantendrá "bajo competencia exclusiva del Estado, para garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de los pueblos indígenas, naciones originarias y comunidades campesinas".

El dominio del Estado sobre la tierra "es directo e imprescriptible, y se ejerce por el gobierno nacional, y el derecho concedido a terceros tiene carácter condicional, sujeto a requisitos y límites establecidos en esta Constitución", agrega el proyecto.

El Estado establecerá "parámetros de superficie máxima individual y colectiva", y los derechos sobre tierras se extinguirán si, a juicio del gobierno, no cumplen una "función económica y social".

La creación de autonomías indígenas implicará una reordenación territorial del país, hoy dividido en nueve departamentos (la mayoría con gobernadores electos adversarios de Morales), y el proyecto aclara que las regiones afectadas no tendrán derecho a oponerse.

Sobre religión, dice que se respetará "la espiritualidad de cada cultura y libertad de creencia, sin imposición dogmática religiosa", lo cual, según medios informativos bolivianos, convertirá a la iglesia Católica en una ONG más.

Los jueces serán elegidos por voto popular, el pueblo podrá revocar sus mandatos en referendo, y estarán bajo el control "amplio y efectivo" de las "organizaciones sociales", como llaman en Bolivia a las agrupaciones de izquierda federadas en el MAS.

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