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La Paz, 29 abril 2009
El presidente de Bolivia, Evo Morales, no logra unanimidad para el pacto antiterrorista que propuso a todas las instituciones mientras que la fiscalía interroga a dos terroristas detenidos que pertenecían a la banda que planeó asesinarle. Los empresarios acusan al gobierno de amenazas por el decreto para incautar los bienes a quienes hayan colaborado el terrorismo. El presidente del Senado exige un pacto que incluya la "violencia de Estado"
La Fiscalía de La Paz tomó declaración a dos nuevos detenidos por el caso de la banda terrorista desarticulada este mes en la ciudad oriental de Santa Cruz, que, al parecer, planeaba un atentado contra el presidente Evo Morales. Los dos capturados -aprehendidos ayer en Santa Cruz y trasladados hoy a La Paz con un fuerte despliegue de seguridad- son los bolivianos Juan Carlos Gueber Bruno y Alcides Mendoza Mafavi, según informa la agencia estatal ABI.
Ambos son miembros de la radical organización Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y se les acusa de complicidad con el grupo de presuntos terroristas descubierto en Santa Cruz. El pasado 16 de abril, la Policía boliviana abatió a tiros, en un céntrico hotel de Santa Cruz, a tres supuestos mercenarios extranjeros en un operativo antiterrorista donde resultaron detenidos otros dos hombres. En esa acción policial murieron Eduardo Rózsa-Flores, boliviano con ciudadanía húngara y croata, Árpád Magyarosi (rumano de origen húngaro) y Michael Martin Dwyer (irlandés).
Los capturados en aquella fecha son Mario Francisco Tadic Astorga (boliviano con pasaporte croata) y Elöd Tóásó (húngaro), quienes están en prisión preventiva en La Paz. El fiscal encargado del caso, Marcelo Sosa, se encuentra en Santa Cruz investigando la supuesta trama terrorista junto a una comisión del Parlamento formada por representantes de varios partidos.
Miembros del Gobierno han señalado la presunta vinculación de empresarios opositores cruceños con la supuesta banda terrorista internacional desarticulada en Santa Cruz (este) cuando preparaba el asesinato del presidente Evo Morales, según denuncia el Ejecutivo. La presunta organización criminal fue desmantelada el pasado 16 de abril en un operativo policial en un céntrico hotel de Santa Cruz, donde, según uno de sus miembros, preparaba la defensa militar de la región de cara a su independencia.
El propio presidente Morales ha apuntado en varios discursos que quienes hubieran colaborado con esos supuestos mercenarios deben ser sancionados con la pérdida de sus bienes. El vicepresidente Álvaro García Linera adelantó ayer que el Gobierno ya prepara un decreto para sancionar a los proveedores y colaboradores de los terroristas, aunque no confirmó que fuera a contemplar la medida propuesta por el presidente.
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