Evo Morales durante el lanzamiento de su "revolución agraria"

Bolivia: Morales impulsa reforma agraria

Evo Morales durante el lanzamiento de su "revolución agraria"

Las claves:

La norma permite la confiscación de las tierras que el gobierno considere ociosas y que no cumplan una "función económica social".
Evo Morales pidió a los campesinos que el himno nacional sea cantado con la mano izquierda en alto y la mano derecha sobre el pecho, lo que será un "símbolo de reivindicación" de las luchas indígenas por las tierras.

Infolatam/Efe
La Paz, 3 de agosto de 2007

El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó un decreto para afianzar su "revolución agraria", que prevé la expropiación de tierras ociosas para repartirlas a los indígenas y es resistida por los sectores empresariales.

Además de presentar el decreto, Morales repartió a campesinos títulos agrarios por 70.000 hectáreas en la localidad de Ucureña, situada en el centro del país, y proclamó el 2 de agosto como el Día de la Revolución Agraria.

Según el Viceministro de Tierras, el nuevo reglamento, rechazado por los poderosos gremios agrícolas del departamento oriental de Santa Cruz, establece el "control social" sobre los trámites agrarios, una "efectiva lucha contra el fraude y la estafa" y no permite acaparar tierras ni especular con ellas.

El mandatario destacó que en un año y medio su gobierno ha titulado 5,5 millones de hectáreas con un gasto de 5 a 6 millones de dólares. Comparó esas cifras con las logradas por "gobiernos neoliberales" que desde 1996 titularon 9 millones de hectáreas con un coste, según dijo, de US$ 90 millones, lo cual muestra que antes "se robaba plata (dinero) y era un negocio".

Desde que Morales es presidente también se han repartido a indígenas 500.000 hectáreas de tierras fiscales, frente a las 36.000 hectáreas reportadas en los diez años anteriores.

La ley de tierras y su reglamento son resistidos por los organismos empresariales de Santa Cruz, entre ellos la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO), cuyo presidente, Gabriel Dabdoub, dijo a la prensa que "los agropecuarios no invertirán y no habrá producción, no porque no quieran invertir, sino porque no hay garantías".

El gobierno de Morales calcula que, con la aplicación de la ley de tierras, entre 20 y 30 millones de hectáreas permanecerán en manos de empresarios productores que gozarán de seguridad jurídica, pero habrá una superficie igual o mayor en manos de indígenas y campesinos.